El nacionalismo catalán contra las libertades

Es conocida la aversión que tienen los nacionalistas a las libertades ajenas, es decir, las de quienes no piensan como ellos, ni se dejan arrastrar en la exaltación de un territorio, de un pueblo o de una cultura que, siempre, creen superior. En estos últimos días se han producido hechos que acreditan la desafección de los nacionalistas separatistas catalanes respecto a…. … las libertades de todos los españoles, incluidas las libertades de sus conciudadanos españoles catalanes; efectivamente, les sorprende que haya personas que amen su libertad individual, quieran vivir en un Estado de Derecho, que desean que se cumplan las leyes democráticas y que exijan respeto a sus derechos y libertades.

TV3 ha retransmitido la quema del texto de la Constitución Española realizada por Emper Moliner, periodista del régimen nacionalista, como prueba de su rechazo (mejor, odio, pues el fuego daña) a las libertades reconocidas en el texto fundamental a favor de todos los españoles (incluida ella misma) en donde, además, se reconoce "el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades" que existe porque la CE lo reconoció y que fue aprobada, mayoritariamente por la "Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles" (art. 2º CE).

Probablemente esta periodista, que ha quemado el texto de las libertades de los españoles aspirará, como otros nacionalistas separatistas, a que, en el hipotético caso de que Cataluña alcanzara la independencia pudiera integrase en la Unión Europea; pero debe percatarse, si tanto odia las libertades de los españoles, que la legislación europea reconoce las mismas libertades e impone su defensa a los estados miembros que la integran; basta leer la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que enumera y reconoce los derechos y libertades de las "personas" europeas.

Otro hecho relativo a la represión de las libertades en Cataluña se ha producido en el Parlamento Europeo que ha conocido las quejas-denuncias de varias familias catalanas que reclaman, en virtud de las leyes y sentencias de tribunales españoles, así como de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que el gobierno nacionalista de Cataluña reconozca a sus hijos en edad escolar el derecho de la educación en idioma castellano (art. 3.1 de la CE: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla").

En efecto, estas familias castellano hablantes siguen sin poder escolarizar a sus hijos en castellano que es su lengua vehicular y en catalán (bilingüismo) porque el gobierno catalán sólo admite "su ley" de inmersión lingüística en catalán y se niega a cumplir las leyes del Estado y las múltiples sentencias dictadas por el TC, TS y TSJ Cataluña.

Esta negativa, está durando muchos años y es una auténtica vergüenza pues supone la violación directa de los derechos fundamentales de los niños en edad escolar a los que no se les imparte, en la escuela pública, educación en su lengua materna lo que ayudaría a aumentar su rendimiento; daña, además, a las familias más humildes que no pueden pagar una escuela privada en castellano. Esta violación no ha recibido una respuesta contundente del Estado en defensa de este derecho pero, al menos, ha incluido en la LOMCE (DT 38) el derecho de los padres a buscar un centro escolar (privado) que imparta la educación en castellano, a costa del presupuesto de la comunidad. Es un alivio aunque los trámites administrativos para alcanzar esa solución-parche son casi heroicos y, en cualquier caso, representa el abandono de principios que deben defenderse. Hay que insistir, por tanto, en la defensa de los principios de libertad, igualdad y del derecho a la educación que asimismo reconoce la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en donde también se establecen cauces para la denuncia, queja y reclamación.

La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (C 364/1, de 18 de diciembre de 2000) es absolutamente clara y debe ser utilizada en toda su extensión por las familias reclamantes. Dice en su Preámbulo: "Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes…La Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación."
Por tanto, es "la persona" el centro de actuación de la Unión Europea así que las instituciones deben respetar el derecho del alumno de Cataluña que quiere recibir educación en castellano. La Carta cita y protege tres derechos fundamentarles: dignidad, igualdad y derecho a la educación que también recoge en la Constitución Española.

A) La Carta dice: "La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida". (Art. 1º)
B) El art. 14, dice: 1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.…
C) El Derecho a la Igualdad. La Carta lo concreta en la igualdad ante la ley (art. 20) y en el derecho a la "no discriminación". El art. 21.1, dice: "Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

La Carta Europea reconoce procedimientos de defensa de los Derechos fundamentales en sus arts. 47 a 49. Alude al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (art. 47); también regula el derecho de petición en su art.44, que dice: "Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de petición ante el Parlamento Europeo".

CONCLUSIÓN: Han coincidido en el tiempo la retransmisión por TV3 de la quema del texto de la Constitución Española de 1978 que contiene el marco de las libertades y derechos de todos los españoles, y la audiencia en el Parlamento Europeo de las familias catalanas a las que el gobierno catalán niega que sus hijos estudien en castellano en la escuela pública; esta negativa supone la violación de los derechos fundamentales de los niños que deben ser protegidos y amparados no sólo por sus padres y asociaciones que trabajan cada día para ello, sino por quien más fuerza tiene, que es el Estado.

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