melillahoy.cibeles.net fotos 1014 Ministro del Interior y director general d
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer ante el Consejo de Europa que España cumple con "la obligación" de hacer frente a la presión migratoria "con pleno respeto a los derechos humanos". Fernández Díaz ha pronunciado estas palabras en la sesión de apertura de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reunida en el Congreso de los Diputados.Tras subrayar incidir en la singularidad de Ceuta y Melilla, por si situación fronteriza, el titular de Interior ha afirmado que España, como cualquier otro país soberano, "tiene la obligación de proteger, vigilar y salvaguardar sus fronteras, que se ejerce con pleno respeto a los derechos humanos y la dimensión humanitaria de un fenómeno muchas veces trágico". Además, ha destacado que España desde hace años viene apostando por una estrategia integral basada en la "cooperación con los países de origen y tránsito, y en la persecución de las redes criminales de tráfico de seres humanos".
Fernández Díaz ha destacado asimismo, las medidas llevadas a cabo que afectan a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como la reforma del Reglamento de Asilo, cuyo objetivo es adaptar la normativa a los cambios que se han producido en la Unión Europea.
Ante representantes de los 47 países que forman parte del Consejo de Europa, Fernández Díaz ha subrayado que el compromiso del Ministerio del Interior en materia de derechos humanos también es muy activo respecto a los colectivos vulnerables y, en este contexto, ha recordado los planes de protección de mayores, de la infancia, jóvenes y discapacitados, así como el de violencia de género y el de lucha contra la trata de seres humanos.
Dentro de las iniciativas normativas plenamente respetuosas de los derechos humanos, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha destacado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que a lo largo de sus 55 artículos "hace compatible una política pública eficaz de protección del libre ejercicio de derechos y garantía de la seguridad ciudadana, con el pleno disfrute de las libertades públicas que la Constitución garantiza".
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