El Ministerio Fiscal considera que Collado obró con ánimo defraudatorio

Las partes acusadoras creen suficientemente probado que tanto Asunción Collado como la empleada de Lidesur incurrieron en un delito de estafa al proceder “a la doble venta” de la finca que, con anterioridad, había pagado el querellante. Tanto el fiscal como la acusación particular señalaron que la letrada había actuado con “desidia” y con “mala fe”, y que la auxiliar administrativa procesada había sido una “cooperadora necesaria” en la operación de compraventa. Para el Ministerio Fiscal, quedó suficientemente probado que Collado sí obró con propósito defraudatorio al proceder a la segunda venta de la misma finca. Así lo manifestó durante la exposición de su informe de conclusiones.
Por un lado, el fiscal recriminó “la desidia” de la propietaria de Lidesur al no cumplir con la escritura de la superficie comercial, a pesar de que el querellante la había pagado previamente en su totalidad.
Asimismo, la figura acusadora resaltó que, aunque Collado afirmara que había alcanzado un acuerdo verbal con el denunciante para rescindir el contrato y devolverle su inversión, “no ha quedado constatado”, ya que no existe un documento que lo recoja. Tampoco le ha compensado económicamente. “No ha habido interés en devolverle las cantidades”, sostuvo.
Tras estudiar toda la documental aportada por las partes y escuchar los testimonios, el Ministerio Fiscal llegó a la conclusión de que tanto la empresaria de Lidesur como la trabajadora que actuó como apoderada de Collado habían caído en una conducta fraudulenta como consecuencia de la segunda venta. “Con la doble venta se incurre en un engaño”, puso de manifiesto. En este sentido, incidió en que ambas obraron “de mala fe”.
Para la parte acusadora, la trabajadora de Lidesur procesada merece la misma condena que la propietaria de la empresa, ya que, a su parecer, fue una “cooperadora necesaria” en la operación de compraventa. “Es la que va a la notaría y pone la escritura pública para el segundo contrato”, matizó.
Por todo ello, el fiscal reclamó una sentencia condenatoria para las dos acusadas de un presunto delito de estafa. Así, pidió cuatro años de prisión para Collado y su empleada, además del pago de la responsabilidad civil, valorado en 180.000 euros por los daños morales producidos en el querellante. También solicitó la devolución de la inversión realizada por el denunciante, superior a los 220.000 euros.
Por su parte, la acusación particular subrayó que las dos acusadas obraron con ánimo defraudatorio y con ocultación hacia su cliente. Por todo ello, se adhirió a las peticiones del Ministerio Fiscal.

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