El Ministerio del Interior ha respondido al Defensor del Pueblo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron «dentro de las más estricta legalidad» cuando procedió al rechazo en frontera de migrantes en la tragedia de Melilla ocurrida el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo con Marruecos.
La Oficina que dirige Ángel Gabilondo ha avanzado este viernes sus primeras conclusiones sobre lo sucedido en el perímetro fronterizo de Melilla el pasado 24 de junio. En este sentido, señala que «no consta que en el rechazo en frontera de 470 personas en Melilla se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales».
El Defensor lamenta la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y apunta que el 24 de junio se registró «una situación de riesgo previsible en la zona, a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos».
El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska –que defendió hace semanas la actuación policial en una comparecencia en el Congreso– ha reaccionando mostrado su respeto al Defensor del Pueblo tras sus conclusiones de «carácter provisional», señalando asimismo a otras investigaciones en marcha sobre la tragedia de Melilla que dejó al menos 23 migrantes fallecidos.
«Dentro de la más estricta legalidad»
«Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad», apunta Interior. Los datos de la Guardia Civil, además, rebajan de 470 a 101 la cifra de los rechazos en frontera, según precisan en fuentes del cuerpo.
Interior ha vuelto a mostrar sus condolencias con los familiares de los migrantes fallecidos y también con los 50 agentes heridos, especialmente de la Guardia Civil y adelanta: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos».
El Defensor sugiere que se refuercen las embajadas y consulados para la protección internacional de los solicitantes de asilo, «sin tener que arriesgar sus vidas».
Ante esto último, Interior ha precisado que «todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional» el pasado 24 de junio «se están tramitando por los cauces legalmente establecidos en procedimientos con todas las garantías».
En sus conclusiones, el Defensor ha explicado que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, según se recoge en la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social que, además, en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla.
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