El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla ha denunciado este martes “la falta de medidas de refuerzo ante el colapso judicial en materia de violencia de género” que sufre esta instancia judicial en la ciudad española del norte de África
A través de un comunicado de prensa, ha explicado que este órgano judicial mixto que asume la atención exclusiva de los casos de violencia de género en toda la Ciudad Autónoma de Melilla “ha expresado su enérgico rechazo ante la falta de medidas de refuerzo por parte de las autoridades competentes”.
Al respecto, ha detallado que el órgano judicial denuncia que “ni el Ministerio de Justicia, ni el Gobierno Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, ni la Delegación del Gobierno, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Observatorio sobre la Violencia de Género han tomado las acciones necesarias para aliviar la situación de colapso que atraviesa actualmente este juzgado”.
En este contexto, ha apuntado, se ha dado a conocer que el Ministerio de Justicia ha creado 75 nuevas plazas para la atención de la violencia de género en todo el territorio nacional. Sin embargo, ha criticado que “ninguna de estas plazas ha sido asignada a Melilla, a pesar de que el partido judicial de esta ciudad supera en carga de trabajo a muchas de las áreas donde sí se ha implementado dicho refuerzo”.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla, que desde su creación ha asumido tanto su labor ordinaria como la atención a la violencia de género, ha hecho “un llamado urgente a todas las instituciones involucradas para que tomen medidas inmediatas para resolver esta situación insostenible”.
En este sentido, ha aseverado que “la sobrecarga de trabajo en el juzgado no solo compromete la eficacia y rapidez en la atención a las víctimas de violencia de género, sino que también pone en peligro el adecuado funcionamiento del sistema judicial en su conjunto”.
El citado Juzgado ha instado a las autoridades a “actuar con urgencia para garantizar la adecuada protección de las víctimas” y el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas “en particular de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema”.
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