El juzgado apunta a más de 350 contratos “fraudulentos” por cerca de 8 millones de euros

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, en base a la investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha subrayado que “resultan indicios suficientes de la existencia de una organización criminal que, utilizando la estructura de un partido político, en concreto, bajo las siglas Coalición por Melilla (CPM), de forma organizada y planificada, existiendo una distribución de funciones entre las personas involucradas, habrían configurado todo un entramado delictivo para alcanzar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y mantenerse en el mismo, “corrompiendo los resultados de las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2023”.

Así lo recoge su titular en el auto de prisión a los consejeros cepemistas, subrayando que entre 2019 y 2023, desde las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla al frente de las que se encontraban consejeros pertenecientes a CPM, “se habrían desviado recursos públicos para beneficiar a los integrantes de los escalones superiores de la organización criminal, principalmente mediante la adjudicación de contratación menor y de distintos programas de subvenciones, todo ello con el objetivo de nutrir de fondos a la organización”.

El documento judicial detalla el papel de cada uno de ellos.  Así, en el caso del ex consejero de Urbanismo y Deporte Rachid Bussian, la investigación considera que habría actuado “a las órdenes directas del líder del partido político”, Mustafa Aberchán “y, por ende, de la organización criminal, siendo responsable de la adjudicación fraudulenta de 119 contratos menores, que totalizan un importe global de adjudicación de 2,494.157,02 euros, todos ellos adjudicados a integrantes de la trama criminal”

Sobre el ex consejero de Medio Ambiente Hassan Mohatar, el auto de prisión recoge que “ha cumplido un rol de primer nivel dentro de la organización criminal, siendo considerado por los investigadores, integrante del denominado por los investigadores de UDYCO, ESCALÓN A, puesto que era pieza fundamental en el engranaje delictivo, al ocupar una de las carteras del anterior Gobierno, dentro de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad”. Según apuntan era el encargado de la adjudicación de la contratación menor de la CAM, “otorgando de ese modo adjudicaciones a los integrantes de la organización criminal, obteniendo de este modo millonarios recursos económicos procedentes del erario público”. A Hassan Mohatar responsabilizan de “la adjudicación fraudulenta de 45 contratos menores, que totalizan un importe global de adjudicación de 1.398,232,50 euros todos ellos adjudicados a integrantes de la trama criminal”.

En el caso de la ex consejera de Hacienda Dunia Al Mansouri, apuntan que era “pieza fundamental en el engranaje delictivo, al ocupar la consejería encargada de firmar y autorizar los pagos correspondientes a los contratos menores”. La investigación policial la considera “responsable de la adjudicación fraudulenta de 193 contratos menores, que totalizan un importe global de adjudicación de 3.866.838,42 euros”.

Por lo que respecta a la ex viceconsejera Yonaida Selam, también señalan que “ha cumplido un rol de primer nivel dentro de la organización criminal, siendo considerada por los investigadores, integrante del denominado por los investigadores de UDYCO, ESCALÓN A, puesto que era pieza fundamental en el engranaje delictivo, habiendo ocupado diversas áreas del anterior Gobierno, dentro de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, así como en la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y como presidenta en la de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVISMESA) y por ello era la encargada de la adjudicación de la contratación menor de la CAM, conforme a su responsabilidad dentro del órgano de contratación de le referidas Consejerías”.

En total, entre todas estas áreas, serían más de 350 contratos, por cerca de 8 millones de euros.

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