20/12/2024 La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla después de testificar ante el juez del 'caso Begoña', en los juzgados de Plaza de Castilla, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El instructor llamó a declarar a Álvarez como testigo tras ampliar la causa para asumir la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid escucha a Álvarez después de que esta misma semana haya tomado declaración como investigados a la propia Begoña Gómez y al directivo del IE y exconsejero madrileño, Juan José Güemes. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha acordado citar en calidad de testigo a Alfredo González, persona que habría propuesto, según el juez, el nombramiento en Moncloa de la asesora Cristina Álvarez, que consta como investigada en esta causa.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado fija esta testifical para el 26 de febrero a las 13.00 horas, el mismo día en el que declara como investigada Álvarez –la asesora de Moncloa que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez–.
«Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda oír en declaración al testigo Alfredo González quien realizó la propuesta de nombramiento de la investigada María Cristina Álvarez, según obra en el informe remitido por la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno a este Juzgado», explica el juez.
Cabe recordar que fue este mismo mes de febrero cuando trascendió la decisión del juez de cambiar la condición de Álvarez de testigo a investigada, así como la orden que dio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de obtener el registro de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por la trabajadora de Moncloa, «desde su nombramiento hasta el día de hoy», con números vinculados al empresario imputado Juan Carlos Barrabés y su grupo, a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a otras entidades.
En concreto, Peinado reclamó el tráfico de llamadas telefónicas con el Instituto de Empresa, el IE-Africa Center, la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros, Fundación Caixa, Fundación Manpower y Arsys Internet; así como «con cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másters o cátedras en las que participó la señora Gómez».
La declaración de Álvarez coincidirá también ese 26 de febrero con las testificales de las trabajadoras de la UCM María Elvira Gutiérrez-Vierna y Blanca de Juan, y de los CEO de Google Spain, Indra y Telefónica.
Peinado dio este paso después de que Álvarez declarara como testigo el pasado 20 de diciembre. Ese día confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, explicando que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
Los correos electrónicos
Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero -miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM- se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo -de 7 de septiembre- en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez aparece en copia con un ‘email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
En otro correo recogido en el sumario, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
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