El juez decano está “seguro” de que este año será el juicio por el caso de los votos por correo

Casi nueve años después de que se iniciara la investigación por el caso de los votos por correo, el juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, afirma en una entrevista en ‘El Anzuelo’ su convencimiento de que este será el año en el que arranque el juicio en el que hay 30 investigados y 351 testigos. El Ministerio Público reclama en total 231 años de prisión entre todos los imputados por los presuntos delitos electorales, de falsedad, de asociación ilícita, prevaricación y malversación de caudales públicos. El juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, está convencido de que este será el año en el que comenzará el juicio por el caso de los votos por correo.
Aunque Portillo afirmó en una entrevista concedida en ‘El Anzuelo’, de la cadena COPE, que es la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga la que tiene que señalar la vista, dijo estar “seguro”, casi “por sentido común”, de que se le asignará una fecha muy pronto.

El caso se remonta a 2008
Se trata del juicio en el que se juzgará la presunta compra de votos en las elecciones generales de 2008 a favor del pacto político entre PSOE y Coalición por Melilla (CPM).
El Ministerio Fiscal ya a dio a conocer su petición de penas para los 30 miembros de los dos partidos que están imputados en este caso, entre los que se incluye el director de Correos.
Entre todos suman 232 años de prisión, 272 años de inhabilitación para empleo o cargo público y más de 1,1 millones de euros entre indemnizaciones y multas por los presuntos delitos electorales, de falsedad, asociación ilícita, prevaricación y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía acusa, directamente, a los dos máximos responsables de estos partidos de entonces, a Mustafa Aberchán y a Dionisio Muñoz (PSOE), de “concertarse para crear un entramado orientado a la captación ilegal de votos”.
Además de los 30 imputados a los que la fiscal pedía que se tomaran declaración, también pretendía recabar los testimonios de 351 testigos, muchos de ellos personas a los que presuntamente ofrecieron un empleo subvencionado por el Estado a cambio de su voto para PSOE-CPM en las elecciones generales de 2008, en las que estaba en juego el escaño de Melilla en el Congreso de los Diputados y los dos del Senado.

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