El juez abre juicio oral contra Mª Antonia Garbín y 13 funcionarios por presunta prevaricación administrativa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 ha decretado la apertura del juicio oral contra la exconsejera de Bienestar Social y diputada del Partido Popular (PP), María Antonia Garbín y 13 funcionarios por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por la supuesta contratación irregular de varios abogados durante al menos 10 años. Este es el motivo por el que la Fiscalía solicita para Garbín una pena de 10 años de inhabilitación como cargo público, y para 9 de los funcionarios 9 años de inhabilitación Así, pide el sobreseimiento para cuatro de los funcionarios, a los que sin embargo, la acusación popular que ejerce ALA y Manos limpias solicita 4 años de inhabilitación. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2, Francisco Ramírez, decretó este jueves la apertura del juicio oral contra la diputada del Partido Popular (PP) en la Asamblea de la Ciudad y exconsejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, junto a 13 funcionarios, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, tras la supuesta contratación irregular de varios abogados durante al menos 10 años.

Según señala el auto al que ha tenido acceso MELILLA HOY, serán los Juzgados de lo Penal quienes fallarán la causa contra la exconsejera y los 13 funcionarios, a quienes no han solicitado medidas cautelares previas.

Cabe recordar, que la Fiscalía pide para Garbín una pena de 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, lo que le obligaría a abandonar la Asamblea de la Ciudad de la que actualmente es diputada por el PP si fuera hallada culpable, aunque ella defiende su inocencia. La misma pena solicitan en su escrito de acusación el sindicato Manos Limpias y la Asociación Libre de Abogados (ALA) Melilla, que se personaron como acusación popular en el caso.

Asimismo, el Ministerio Público pide a nueve de los funcionarios nueve años de inhabilitación, aunque para cuatro de ellos, solicita el sobreseimiento provisional.

No es el caso de las dos entidades que se han personado como acusación, quienes para estos cuatro funcionarios solicitan una pena de cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público. Para el resto de funcionarios piden 8 años y 6 meses, a excepción de cuatro de ellos, a quienes instan a imponer una pena de 9 años de la misma pena.

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