El interventor del Estado dice que hubo “doble fraccionamiento” en los contratos del ‘Caso Abogados’

Ayer declararon los últimos testigos del ‘Caso Abogados’. El interventor delegado del Estado afirmó ante el magistrado que hubo «doble fraccionamiento» de los contratos realizados por la Consejería de Bienestar Social. Esto es así porque se hacían dos al año por letrado y por el mismo servicio se contrataba a cuatro abogados, sostuvo. Testificó también Juan Requena, jurista ya apartado del Servicio Jurídico de la CAM. Según expuso, la Consejería nunca pidió refuerzos a este departamento. Antonio Cabo, letrado del mismo servicio, dijo todo lo contrario. Incidió en que solicitaron ayuda en numerosas ocasiones y que en algunas el Servicio Jurídico se negó.

Esta mañana finalizará el juicio por el ‘Caso Abogados’. Sólo queda conocer las conclusiones de los letrados de la defensa. Ayer prestaron declaración los tres últimos testigos de este procedimiento judicial, en el que hay trece personas acusadas por el presunto delito continuado de prevaricación administrativa. Entre ellas, la ex consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín.
Una de las personas que testificó en la mañana de ayer fue el interventor delegado del Estado. Él se encargó de elaborar un informe pericial para el Juzgado de Instrucción de Melilla. Este giraba en torno a los contratos menores realizados por la Consejería de Bienestar Social entre el año 2000 y el 2013.

Doble fraccionamiento
A su parecer, se realizó «un doble fraccionamiento» de los contratos durante más de una década. Explicó que esto fue así puesto que se hicieron dos contratos al año por cada uno de los letrados y, a su vez, el servicio de asesoramiento jurídico era dividido entre los cuatro abogados. A su parecer, se tendría que haber creado un único contrato.
Sostuvo el interventor que se habría cumplido con la legalidad si se hubiera optado por un procedimiento abierto que permitiera la libre concurrencia. El testigo también manifestó que no hubiera sido incompatible la realización de contrataciones mayores con la previsión de que se concedieran las plazas de juristas contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo para Bienestar Social.
Según declaró, si el problema que se encontraba la Consejería era que las plazas previstas no se llegaban a aprobar, tendría que haber acudido «a la persona a la que le correspondiera arreglarlo». Señaló que se puede entender la fórmula del contrato menor cuando se espera que los puestos sean incorporados de forma inminente. «Pero no me parece razonable que esta situación se mantenga de forma sostenida durante trece años», subrayó.

No pide ayuda
También prestó declaración Juan Requena, uno de los letrados que trabajó para el Servicio Jurídico de la Ciudad Autónoma hasta hace unos años. Según expuso, él escribió una carta de más de diez folios relatando el uso abusivo de contratos menores por parte de la Administración.
Fue en esta misiva en la que se basó la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla para denunciar el presunto delito de prevaricación administrativa.
El abogado afirmó que el Servicio Jurídico «nunca» recibió encargo alguno por parte de Bienestar Social. «No tengo noticias de que fuésemos requeridos por esa consejería para nada», sostuvo. Desmintió que este departamento no pudiera prestar sus servicios si así se lo hubieran reclamado.
Requena también manifestó tener constancia de un reparo de legalidad emitido por el Tribunal de Cuentas a la Consejería de Bienestar Social. Esta advertencia sobre el «fraccionamiento» de los contratos se correspondía al año 2001, aunque no se hizo pública hasta el 2005, según el relato del testigo.

El Servicio Jurídico se niega
Antonio Cabo, el letrado con más antigüedad del Servicio Jurídico de la CAM, ofreció una versión de los hechos opuesta a la de Requena. Según manifestó, sí que se requirió ayuda en varias ocasiones por parte de la Consejería de Bienestar Social.
De hecho, afirmó que tuvieron que negarse desde el servicio de la CAM porque no podían hacer frente a las necesidades de la Consejería, aunque no se llegase a responder en estos términos por escrito.
El abogado sostuvo que, a su juicio, la consejera y los funcionarios de Bienestar Social obraron correctamente al contratar a los letrados externos con contratos menores, ya que estaban a la espera de que se cubrieran las plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo. Defendió que si hubieran realizado contratos mayores se podría haber duplicado el gasto.
El testigo negó lo expuesto por los agentes de la Policía Judicial, quienes afirmaron que él les había dicho que desde Bienestar Social sabían que no se iban a cubrir los puestos solicitados una vez que quedaba aprobada la RPT y los presupuestos anuales. Por otro lado, aseguró no tener constancia de que el Tribunal de Cuentas hubiera realizado reparo de legalidad alguno a la consejería.

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