El informe del ‘Anuario del terrorismo yihadista 2021’ elaborado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) valora positivamente los «grandes esfuerzos» para mantener la colaboración en materia antiyihadista entre Marruecos y España, a pesar de la «desconfianza aún latente» derivada de las diferencias entre ambos países y de las crisis migratorias como la ocurrida en Ceuta en mayo del año pasado o en Melilla la pasada semana.
El observatorio impulsado por COVITE defiende que tanto España como Marruecos tienen interés en mantener los lazos para frenar la amenaza del yihadismo, de ahí que ensalce los «grandes esfuerzos» tras la disputa diplomática en mayo del 2021 por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta o la llegada de unos 900 subsaharianos a Melilla en los saltos de la pasada semana.
«Pese a lo que se apuntaba al inicio, no ha derivado en el cese de la colaboración de ambos países frente al terrorismo», señala el anuario, que añade: «La cooperación bilateral antiterrorista entre España y Marruecos es un éxito en sí misma por la superación de las dificultades previas y la amplia implementación de medidas y convenios al respecto».
La investigación sostiene que «no está igualmente definida ni desarrollada la actuación conjunta en la lucha contra la radicalización que en los frentes judicial y policial y de inteligencia». «Aún son latentes las desconfianzas de ambos países, que impiden el desarrollo pleno de muchas de las necesarias acciones de esta cooperación bilateral», apuntan los investigadores.
El capítulo firmado por Daniel Pérez apunta a la necesidad de una mayor implicación de la sociedad civil –además de instituciones públicas y organismos judiciales y policiales– para frenar la amenaza del terrorismo yihadista y la radicalización violenta.
Equipos conjuntos
En la evolución de estas relaciones específicas se ha pasado de compartir datos sobre células o personas relacionadas con el yihadismo a conformar equipos conjuntos y patrullas mixtas de efectivos españoles y marroquíes, a pesar de no contar con marcos jurídicos comunes, como sí ocurre entre países europeos.
El «cambio de paradigma» se produjo, según recuerda el OIET, con la coincidencia del «inicio del fin de ETA» y los atentados de Casablanca en 2003 y el del 11-M de 2004 en Madrid, que abrió una «profunda reflexión en torno a los fallos del ámbito preventivo, tanto en el plano judicial como en el policial y de inteligencia, y el de lucha contra la radicalización».
En 2001 ya se había llevado a cabo la Operación Dátil contra personas vinculadas a la organización terrorista encabezada por Osama Bin Laden, pero antes del atentado del 11-M, según el informe, tan solo 140 miembros del Cuerpo Nacional de Policía estaban dedicados a la cuestión islamista, «cuando en poco más de diez años superarían los 3.000 efectivos encargados de combatir el terrorismo religioso de corte yihadista».
La demostración de la importancia para ambos países de la cooperación judicial hispano-marroquí se expone por los investigadores de la OIET en las reuniones bilaterales de la Fiscalía General de Estado y de la Fiscalía General del Rey de Marruecos, así como las existentes entre el Consejo General del Poder Judicial y la Corte Suprema del Rey de Marruecos.
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