Información sobre puestos de trabajo de difícil cobertura en Ceuta y Melilla.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla (ICOMME) ha recordado que han pasado tres años desde que el Real Decreto 118/2023, publicado en el BOE el 22 de febrero de 2023, declaró los puestos de trabajo de INGESA en Ceuta y Melilla como de ‘difícil cobertura’. Según el ICOMME, esta declaración no se ha traducido en incentivos reales ni en mejoras profesionales que incentiven a los médicos a trabajar en la ciudad.
El reconocimiento de ‘difícil cobertura’ no era un gesto simbólico, sino una necesidad de activar medidas para solucionar el déficit de médicos y la desigualdad de condiciones en comparación con otras regiones del país. El Real Decreto permitía al Ministerio de Sanidad desarrollar las disposiciones necesarias para su ejecución, pero, según el Colegio, tres años después, el balance es ‘deficitario’.
El ICOMME señala que no se ha aprobado ni implementado un paquete de incentivos económicos ni medidas profesionales y organizativas para mejorar las condiciones laborales. Además, las guardias continúan siendo de las peor pagadas, lo que, según el Colegio, es incompatible con cualquier política seria de atracción de profesionales.
A lo largo de estos tres años, se han hecho declaraciones públicas de responsables institucionales, pero no se ha concretado en resultados. Tras la publicación en el BOE, se indicó que se abriría ‘de manera inmediata’ una fase de estudio de mecanismos de incentivación, pero, según el Colegio, los resultados han sido nulos.
En octubre de 2024, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, afirmó que seguían trabajando en ‘mejoras salariales’ mediante la definición de puestos de difícil cobertura, pero el ICOMME señala que no se han materializado cambios.
El ICOMME ha exigido al Ministerio de Sanidad y a INGESA que pasen del reconocimiento formal a la ejecución de un calendario de medidas y mejoras profesionales con impacto real. El Colegio concluye que una declaración sin medidas es ‘papel mojado’ y afecta la capacidad del sistema para garantizar la continuidad asistencial y la calidad de atención sanitaria.
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