El Gobierno rechaza tener algún tipo de relación con la militante socialista Leire Díez tras la publicación de varios audios en los que pedía información contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y rechazan que actuase bajo mandato gubernamental. De hecho, fuentes de Moncloa señalan que las ofertas de acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado son promesas que no podía cumplir.
Sin embargo, no contemplan iniciar acciones legales contra ella y dejan en manos de la dirección del PSOE una hipotética suspensión de militancia.
De este modo el Ejecutivo se ha pronunciado sobre las grabaciones en las que Díez –que ocupó cargos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2024– ofrecía acuerdos al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.
El Gobierno sigue así la misma línea del PSOE, que en la víspera dijo que Díez no estaba «en nómina» de Ferraz y no actuaba en nombre del partido sino a título individual. La propia Díez también negó que trabajase a las órdenes del PSOE aunque admitió las conversaciones grabadas y adujo que formaban parte de una investigación periodística.
«El Partido Socialista ayer dio una rueda de prensa, incluso emitió un comunicado y, por tanto, me permitirán que sobre esta información me remita hacia ese comunicado», ha indicado la portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.
El Ejecutivo no contempla denunciar ante la Justicia a la militante socialista –que además trabajó en Enusa y en Correos durante la etapa de Pedro Sánchez en Moncloa–, aunque las fuentes consultadas consideran que mintió, exageró su influencia e hizo promesas que no era capaz de cumplir. Sobre una posible suspensión de militancia ante estos comportamientos, en Moncloa señalan que es una decisión que compete a Ferraz.
En todo caso, aseguran que el Gobierno no tiene relación con ella y recalcan que en ningún momento de las conversaciones publicadas dice que haya hablado previamente con el Gobierno o actúe en su nombre. En ese sentido recalcan que no está autorizada para realizar ese tipo de ofertas con el Ministerio Fiscal y con la Abogacía del Estado.
En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también presente en la rueda de prensa en Moncloa, ha descartado que el Ejecutivo vaya a emprender acciones legales contra Leire Díez y lo ha dejado en manos de la Justicia.
En ese sentido ha indicado que el contenido de ese «vídeo» puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha y por tanto considera que debe ser «la autoridad judicial» quien «tome las medidas que considere oportunas».
Cabe recordar que Hamlyn fue detenido por la propia UCO en 2019 en la llamada ‘operación Drake’ por presuntamente llevar a cabo un fraude de 154 millones de euros con la venta irregular de combustible.
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