El Gobierno recurrirá ante varias instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas sobre Memoria, impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana; al considerar que son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. (Foto Europa Press).
En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez elevará esta cuestión –«por su gravedad»– ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa, según han indicado fuentes de Moncloa.
Además, el Gobierno ya anunció esta semana que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si estas comunidades no retiran los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la Ley de Memoria.
En Naciones Unidas, el Gobierno recurrirá a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas «con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos», según indican las citadas fuentes.
En la Eurocámara, promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.
Asimismo, en el Consejo de Europa, invocarán «la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos» y además promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de este organismo «para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox».
El Gobierno, además, informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos «para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación». Por último pedirá la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de «leyes de derogación» por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
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