El Gobierno recuperará la universalidad en la sanidad pública

El Gobierno va a aprobar en seis semanas un real decreto para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y eliminar así el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que “suprimió” dicha universalidad, según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud”, ha aseverado la también ministra de Educación y Formación Profesional.
El plazo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez para devolver la universalidad al SNS son de seis semanas para llevar el nuevo real decreto al Consejo de Ministros y 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Se trata de una medida que los socialistas han reclamado desde que se aprobara el Real Decreto 16/2012 y que, tal y como ha recordado la portavoz del Ejecutivo socialista, ha sido solicitada por organismos internacionales como, por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea e, incluso, el Defensor del Pueblo.
El Real Decreto 16/2012 se aprobó durante el mandato de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad y originó un importante rechazo entre diferentes sectores de la sociedad al retirar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, excepto en los servicios de Urgencias y a embarazadas y menores de edad.
Asimismo, el real decreto contemplaba otras medidas como, por ejemplo, el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano y fijó nuevas condiciones de uso para ser titular de una tarjeta sanitaria.
Diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, cuya Consejería de Sanidad ostentaba la actual ministra del ramo, Carmen Montón, aprobaron diversas medidas para atender en la sanidad pública a “todas” las personas, con independencia de su situación administrativa.

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