El Gobierno se mantiene firme en su intención de agotar la legislatura, a pesar del aumento de la presión a raíz del ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta implicación en el ‘caso Koldo’.
El Tribunal Supremo ordenó el lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones de obra pública, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, tras su declaración, en la que negó su implicación en los presuntos amaños de obras, el cobro de mordidas y pagos al PSOE.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha recalcado este martes que el Gobierno agotará la legislatura. «Va a continuar hasta el año 2027, porque merece la pena seguir transformando y mejorando este país, trabajar para mejorar las condiciones de la clase media y la clase trabajadora», ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fuentes de Moncloa se muestran este martes conscientes del problema que causa al Gobierno la entrada de Cerdán a la cárcel de Soto del Real –hablan de que están «en la lona», recibiendo «golpe tras golpe»–, pero descartan una convocatoria anticipada de elecciones, como viene haciendo el presidente, Pedro Sánchez, ante los casos de corrupción que presuntamente afectan a su entorno y al PSOE.
Sánchez ha convocado para el sábado un Comité Federal
Las mismas fuentes insisten en que la solución «no pasa por tirar la toalla» y abogan por seguir trabajando desde el Consejo de Ministros y el Congreso para sacar adelante medidas que favorezcan a la ciudadanía.
Moncloa «valora mucho» los dos años que restan hasta 2027 para avanzar en la agenda social, resumen. La idea pasa por que cuando los ciudadanos acudan a las urnas en su momento puedan hacerlo en lo que han dado en llamar «régimen de normalidad democrática».
Sánchez ha convocado para este sábado un Comité Federal en el que se espera que anuncie cambios en la estructura orgánica del PSOE. Además, comparecerá en el Congreso el 9 de julio para detallar nuevas medidas contra la corrupción. Queda la incógnita de si estas decisiones serán los suficientemente drásticas como para contentar a sectores del PSOE y los socios parlamentarios.
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