El Gobierno pretende ampliar la sanción máxima a los funcionarios que lleguen tarde al trabajo.

El Proyecto de Ley de la Función Pública busca endurecer sanciones a empleados públicos en Melilla por incumplimientos de horario. Se propone duplicar la suspensión máxima a 30 días y se incluyen reformas como jubilación parcial y mejoras en permisos parentales.

 

Si la medida es finalmente aprobada, puede afectar a una gran parte de la población melillense que trabaja en el sector público. Esta medida, una de las 37 enmiendas propuestas para modificar el proyecto de ley de la Función Pública que se tramita actualmente en el Congreso, promete ser inflexible (veremos cómo lo consiguen) y ha generado un intenso debate, tanto en el ámbito político como sindical, con voces a favor y en contra de la modificación.

El Gobierno tiene la intención de sancionar a todos los empleados públicos que no cumplan con su horario de trabajo (algo que es lógico, pero que no suele ocurrir). A todos aquellos funcionarios que lleguen tarde a su puesto de trabajo por una causa injustificada se les puede llegar a suspender de empleo y sueldo durante 30 días. Eso sí, siempre y cuando este hecho sea reiterado.

Según el Proyecto de Ley de la Función Pública, actualmente en fase de enmiendas, el PSOE plantea duplicar la sanción máxima por incumplimientos injustificados del horario, elevándola de 15 a 30 días de suspensión de empleo y sueldo. Este cambio se enmarca dentro de las 37 enmiendas registradas por el grupo socialista para modificar el texto original de la ley. La norma establece que la sanción aplicará únicamente en casos de reincidencia, es decir, cuando el funcionario haya cometido más de una infracción de la misma naturaleza en un período de un año y haya sido sancionado mediante resolución firme.

Las sanciones, si se aprueban las enmiendas propuestas por el PSOE, suponen un endurecimiento, pero el problema es la falta de control, que el endurecimiento de las sanciones no soluciona. En la práctica, las sanciones y el control son mínimos.

Clasificación de faltas y sanciones

El nuevo régimen sancionador establece una graduación de las infracciones en tres niveles:

Faltas leves

Incumplimiento injustificado del horario de trabajo.

Falta de asistencia injustificada de un día.

Falta de consideración con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones.

Descuido o negligencia en el desempeño del trabajo.

Incumplimiento de plazos administrativos que no constituyan falta grave.

Cualquier incumplimiento de los deberes del funcionario que no sea calificado como grave o muy grave.

Para estas infracciones, la sanción máxima pasaría a 30 días de suspensión de empleo y sueldo, el doble del límite anterior.

Faltas graves

Incumplimiento reiterado del horario, acumulando más de 10 horas de ausencia en un mes.

Desobediencia a órdenes superiores sin justificación legal.

Falta de rendimiento que afecte el funcionamiento del servicio.

Falta de asistencia reiterada a formaciones obligatorias.

Las sanciones en estos casos incluyen suspensión de empleo y sueldo de más de 30 días e inferior a 2 años.

Faltas muy graves

Abandono del servicio.

Publicación indebida de información reservada.

Actos de discriminación o acoso laboral.

Corrupción o aceptación de sobornos.

Las sanciones para estas infracciones pueden ir desde 2 hasta 6 años de suspensión, e incluso la separación definitiva del servicio en los casos más graves.

Otros cambios en la Ley de la Función Pública

Además del endurecimiento de las sanciones, el Proyecto de Ley de la Función Pública incluye otras reformas, por ejemplo:

Recuperación de la jubilación parcial: Se permitirá que los empleados públicos con entre 62 y 64 años puedan acogerse a una jubilación parcial, siempre que cumplan con los requisitos de 33 años cotizados y 6 años en la Administración.

Extensión de la edad de jubilación: Actualmente, la edad máxima de jubilación en la función pública es de 70 años, pero el PSOE propone ampliarla hasta los 72 años, siempre que el trabajador lo solicite y obtenga autorización.

Mejoras en permisos parentales: Se plantea un permiso parental de dos semanas retribuidas para el cuidado de hijos menores de ocho años, así como la acumulación de permisos por nacimiento o adopción en el caso de familias monoparentales.

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