El Gobierno no prevé que sea imputado ningún cargo de su competencia en la causa judicial sobre la dana después de la declaración de la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a la par que recalca que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cumplió con su obligación el día del trágico temporal.
Así lo han trasladado este martes fuentes del Ejecutivo, en reacción a lo declarado por Bernabé como testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga lo ocurrido durante la dana del pasado 29 de octubre.
Bernabé declaró ante la juez que advirtió a las 19 horas en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del desbordamiento del barranco del Poyo y que se enteró por la alcaldesa de Paiporta (Valencia), que le alertó de que había personas ahogándose. Además, aseguró que en el Cecopi solo se había hablado de la presa de Forata y que ofreció la UME a las 12.23 horas.
El Gobierno subraya que el testimonio de Bernabé no ha revelado nada que no se supiera y valoran como muy adecuadas las palabras de la delegada, que afirmó que quiere colaborar con la justicia para «contribuir a la paz de muchas personas».
Igualmente, las mismas fuentes resaltan que Bernabé fue en calidad de testigo y denuncian que el PP quiere hablar de muchas cosas a la vez para intentar tapar la declaración de la delegada del Gobierno y la responsabilidad de la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón.
El Ejecutivo defiende que la CHJ «cumplió con su obligación» e informó a tiempo de la emergencia. Además, inciden en que había información, especialmente en los medios de comunicación valencianos, para ser consciente de lo que estaba pasando.
Saber lo que pasó el día de la dana es de ayuda para «el proceso de duelo de las víctimas», destaca el Ejecutivo, que quiere contribuir a «cerrar heridas», han concluido las fuentes.
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