El Gobierno local saca adelante en solitario el Reglamento de Convivencia

La Asamblea de Melilla aprobó ayer de forma inicial el Reglamento para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano, un proyecto en el que la Consejería de Seguridad Ciudadana ha estado trabajando buena parte de la legislatura y que establece sanciones para las conductas incívicas. La intención del Gobierno melillense era lograr el máximo consenso posible en este asunto, para lo que entregó el borrador en enero con la idea de que todos los grupos presentaran sus propuestas, si bien al final solo el PP votó a favor de este proyecto, ya que Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Populares en Libertad (PPL) se abstuvieron. Ahora se abre un plazo de exposición pública para presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva. Varios fueron los argumentos que ayer esgrimieron los grupos de la oposición para no dar su apoyo a este reglamento, de los cuales CPM y PPL coincidieron al considerar que las sanciones propuestas son muy elevadas, teniendo las leves una cuantía de hasta 750 euros sin que se establezca ninguna graduación.

Ambos grupos advirtieron de que esta circunstancia deja las sanciones al criterio del funcionario que ponga la multa, lo que puede dar lugar a situaciones de desigualdad, algo que también ocurre en el caso de los ciudadanos extranjeros, a los que se obliga a pagar el 70% de la infracción leve.
“No es el reglamento que necesitamos”, dijo el portavoz cepemista, Hassan Mohatar, que opinó que el texto debería volver a la comisión y “adaptarse a la realidad de la ciudad”, sobre todo cuando muchas de las cuestiones que se recogen ya están contempladas en otros reglamentos, no así la prostitución, para la que “debería haber uno concreto”.

El PSOE, por su parte, recordó que este reglamento es “una vieja demanda” de su grupo cuando esta tendencia municipal empezó con el caso del Ayuntamiento de Barcelona para “intentar juntar en una norma aspectos convivenciales que presentaban dificultades” por ser los que más quejas abarcan, como es el caso de la limpieza o la venta ambulante.

Sin embargo, expresó sus dudas respecto al proyecto presentado por el Gobierno melillense porque “en Melilla hace años que se conviven con situaciones que no han querido resolverse”, por lo que apuntó que este texto podría terminar siendo papel mojado por falta de aplicación.

Además, abogó por buscar fórmulas de sensibilización, un aspecto en el que coincidió PPL, ya que según dijo este grupo, el reglamento que se propone debería ser “el colofón” de una serie de acciones realizadas previamente para concienciar sobre la necesidad de mejorar determinados aspectos en asociaciones o centros educativos.

Por su parte, el consejero de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Calderón, insistió en que la oposición ha tenido 10 meses para proponer alternativas y posibilitar un debate real en la comisión, que era el objetivo que se quería conseguir y que no ha sido posible dadas las escasas propuestas que ha recibido en este tiempo. Además, defendió el reglamento propuesto porque está basado en el de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se ha aplicado sin problemas en otros muchos lugares del país, de aquí que esté avalado técnica y jurídicamente, que era otra de las dudas que planteaba PPL.

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