El Gobierno local pedirá una comisión de investigación sobre ayudas concedidas por Velázquez como consejera

El Gobierno de Melilla solicitará una comisión de investigación sobre la gestión realizada por la exvicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma y exconsejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, que actualmente es una de las 10 diputadas que el PP tiene en la Asamblea regional. El consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, anunció en rueda de prensa esta petición de una comisión de investigación, apenas unos días después de que Velázquez mostrara las sospechas de su partido sobre un supuesto “amiguismo” en la concesión de una subvención de 70.000 euros concedida por Bussian. En concreto, Velázquez dijo el viernes que, a juicio del PP, hay “evidencias” de un posible caso de “favoritismo o amiguismo” por parte de Coalición por Melilla (CPM) en una subvención concedida “a dedo” a la asociación Integramel para un programa educativo deportivo para evitar sedentarismo entre 200 niños, por 70.000 euros en 2,5 meses.
Velázquez denunció públicamente que esta ayuda había sido concedida para un servicio que ya estaba prestando el Ministerio de Educación, cuya solicitud había sido denegada anteriormente por el propio organismo y la Consejería de Economía y Políticas Sociales, y que el 80 % de la ayuda era para pagar gastos de personal, entre ellos, 4.500 euros al mes al coordinador del programa.

Bussian lo niega
El consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes negó las acusaciones de la diputada popular y anunció que pedirán una comisión de investigación “para valorar presuntos delitos de malversación de caudales públicos por adjudicaciones cuando ocupaba el cargo de consejera”.
Bussian dijo que esta solicitud está vinculada a “algunas conclusiones y datos de la auditoría que el Gobierno ha encargado”, y señaló que obra en su poder “importante documentación sobre la forma de conceder subvenciones” y la “relación directa entre la anterior consejera y beneficiarios” de dichas ayudas.
“Supongo que es algo que puede ser punible por un posible conflicto de intereses, en eso vamos a ir trabajando”, apuntó el consejero, en cuya opinión Velázquez ha pecado de “torpeza” porque “se hace daño a sí misma”, al tiempo que la acusó de ofrecer “información sesgada” sobre la subvención a Integramel y otra similar a Evolutio.
Bussian informó de que estas subvenciones fueron concedidas en el último trimestre del año pasado porque el área de Deportes decidió “rescatar propuestas de conciliación de la vida laboral y familiar” aprovechando un remanente de 190.000 euros por actividades físicas o motoras que no pudieron llevarse a cabo por la pandemia.
Se trata, en concreto, de cuatro proyectos, aunque Bussian recordó que su área gestiona multitud de solicitudes de subvenciones que concede “a todo tipo de asociaciones, independientemente del color político”, porque asegura que no son “sectarios”. “No miramos el carné de afiliado de nadie que toca a la consejería”, aseveró.

Actuarán de oficio
Respecto a la subvención a Integramel, defendió su utilidad social y el hecho de que algunos centros, como el colegio Hipódromo, derivaran a dicho proyecto al 40 % de su alumnado.
Además, dejó claro que las subvenciones están fiscalizadas y revisadas, pero aseguró que actuarán de oficio “si se encuentra algo punible” porque supone “una indecencia” que “no está permitida para el Gobierno ni para el área de Deportes”.
En este sentido, respecto a la denuncia de la diputada popular de que el 80 % de la ayuda concedida era para gastos de personal, incluidos 14.000 euros para un solo coordinador durante 2,5 meses, Bussian explicó que la subvención fue aprobada en función del convenio colectivo hasta la fecha y que ahora se encuentra en periodo de justificación.
No obstante, señaló que “hay otras subvenciones donde los sueldos pueden estar por encima de cualquier convenio colectivo y no por eso la consejería duda de que no se hagan bien las cosas”.

Acceda a la versión completa del contenido