El Gobierno local muestra su apoyo a los trabajadores de las ludotecas e inicia los expedientes para sancionar a la empresa adjudicataria

No obstante, la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha asegurado que en dos de las ludotecas, la de Acera Negrete y Las Palmeras, Alvalop ha incumplido el pliego del horario y, por lo tanto, la Ciudad “no puede pagarles las facturas”

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha incoado un expediente de resolución de contrato y ha iniciado los expedientes pertinentes para sancionar a la empresa adjudicataria del servicio de los centros socioeducativos de la ciudad autónoma, ‘Alvalop’, por incumplimiento de contrato.

En atención a los medios, la consejera de Políticas Sociales Randa Mohamed ha expresado “todo su apoyo” a los trabajadores de las ludotecas que han iniciado este martes una huelga por la “situación insostenible” que están viviendo con la citada empresa, con impago de nóminas y precariedad laboral.

De hecho, ha asegurado que en dos de estas ludotecas, la de Acera Negrete y Las Palmeras, cuyas plantillas siguen sin haber recibido sus correspondientes nóminas desde el día 5 de Junio, son donde Alvalop ha incumplido el pliego del horario y, por lo tanto, dice que el Ejecutivo melillense “no puede pagarles las facturas”.

Un plan B

A preguntas de los periodistas, Mohamed ha negado que la empresa vaya a dejar de prestar el servicio en las dos ludotecas anteriormente citadas pero, en el caso de ser así, ha asegurado que el Gobierno regional cuenta “con un plan B” en este sentido.

Ha explicado que han recibido un escrito por parte de Alvalop en el que exige el abono por el servicio prestado en ambas ludotecas, amenazando con abandonarlo en el caso de no se produjese dicho pago, algo que “no ha pasado”.

Con “las manos atadas”

La dirigente popular ha admitido que la administración tiene “las manos atadas” en lo concerniente a la adjudicación a dicha empresa de un nuevo contrato de atención y cuidado de niños y niñas de entre cuatro meses y tres años por valor de 60.000 euros.

“Entiendo que los técnicos de la Ciudad Autónoma, por mucho que conozcan la situación, no pueden hacer nada si realmente no hay una orden de prohibición de contratar con la administración pública, por lo que, hasta que no haya una resolución de sanción, no se puede evitar que una empresa se quede un contrato por mucho que nos guste o no”, ha explicado.

“Ellos demuestran una solvencia con documentación y lo que quieren es no pagar a las demás ludotecas porque, al final, es un tira y afloja, pero nosotros no podemos echarlo para atrás”, ha apostillado.

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