El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha lamentado “muy mucho” la situación en la que se encuentran los trabajadores de las ludotecas de la ciudad, que denuncian nóminas impagadas por parte de la empresa adjudicataria del servicio, ‘Alvalop’, desde hace varios meses.
En este sentido, el vicepresidente primero del Ejecutivo local, Miguel Marín, ha reconocido que la administración tiene “las manos atadas” en este sentido porque “está sujeta a unas normas jurídicas de posible resolución contractual que son muy garantistas para una empresa que no está llevando a cabo de manera correcta su trabajo”.
“La administración pública debería de tener elementos necesarios y suficientes para que, de una manera rápida, se pudiesen resolver ese contratos. Cosa que, a día de hoy, no ocurre”, ha lamentado, afirmando que, para llevarlo a cabo, hay que iniciar un expediente “muy engorroso y muy garantista” para la empresa.
Por ello, ha reclamado una modificación legislativa de la Ley de Contratos del Sector Público para expedientar a aquellas empresas que no prestan los servicios “de manera correcta”.
Aun así, ha adelantado que ya dispone de un informe técnico con el fin de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria “lo antes posible para evitar que siga ocasionando este gran daño a los trabajadores y sus familias”.“Esa voluntad política ya está y se tiene que conjugar con la viabilidad jurídica y técnica”, ha apostillado.
En una reciente misiva dirigida al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, un grupo de trabajadores de estos centros socio-educativos de la localidad norteafricana denunciaron que la empresa adjudicataria les debe tres nóminas, concretamente las de octubre de 2024, junio y julio de 2025.
Asimismo, denuncian que llevan “meses e incluso años arrastrando impagos, trabajando sin materiales, soportando recortes, amenazas, y viendo cómo una empresa incumple una y otra vez sin consecuencia alguna”.
Por ello, exigen, entre otras cosas, la “rescisión inmediata” del contrato con Alvalop, pago “urgente” de todos los salarios pendientes y garantía de estabilidad laboral y “condiciones dignas” para todos los trabajadores.
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