El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla analizará las conclusiones que se han extraído del informe de intervención de la Ciudad para sopesar si adopta las “medidas correctoras de control financiero “en el caso de que proceda, si no es que se han adoptado medidas ya” mediante un plan de actuación que la ley obliga y donde se recojan dichas medidas.
Un plan que, según ha apuntado el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, durante el debate de las conclusiones de dicho informe, “nunca llegó a adoptar” el anterior presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, con respecto al último informe de control financiero presentado por el interventor en los años 2109 y 2020. Aunque cree que ni De Castro ni el Gobierno local que él presidía en la pasada legislatura “no demostró interés alguno” en aplicar las medidas correctores en aquellas cuestiones que el interventor señalaba en el informe de control financiero en aquellos años.
Aun así, Conesa se ha ceñido al informe que se ha debatido este viernes en el pleno, y que “se centra en el análisis de la gestión realizada” por el anterior Ejecutivo durante los años 2021, 2022 y parte de 2023. Precisamente, eso es lo que le ha pedido al diputado del Grupo Mixto (Somos Melilla), Amin Azmani, que se ciña al periodo temporal al que se refiere el informe y que no pronunciara manifestaciones “de tipo genérico” respecto a las presuntas irregularidades que publica el informe, ya que explica que éste supone “un análisis global de toda la actividad que tiene carácter presupuestario que se hace en la Ciudad Autónoma”.
“El interventor lo que hace es diseccionar la actividad que realiza la Ciudad Autónoma, lo vierte en un informe, que luego hay que remitir a los organismos correspondientes, y luego vendrá el informe correspondiente en el momento oportuno del Tribunal de Cuentas”, explica de manera pormenorizada.
En su turno de réplica, el diputado de Somos, Amin Azmani, ha replicado a Conesa afirmando con aplomo que el informe de control financiero es “desolador ya que, según advierte, la intervención de la Ciudad Autónoma lanza “un SOS advirtiendo de que la Administración pública sigue actuando al margen de la Ley de Contratos del Sector Público” mediante la adjudicación de contratos «de forma irregular«. “Es una catástrofe cómo ha procedido y actuado la administración pública en esta Ciudad desde hace casi dos décadas”, subraya, aseverando que el Tribunal de Cuentas señalaba “irregularidades manifiestas” desde el año 2015 sobre cómo se estaban firmando los convenios de patrocinio o cómo se estaba gestionando el Fondo Social Europeo.
La portavoz del PSOE, Elena Fernández Treviño, ha corregido a Azmani que el informe “en ningún momento habla de irregularidades”, sino de “mejoras que se pueden hacer desde la administración, y en las que estamos absolutamente de acuerdo”. Por eso, pide que “no se demonice” el uso de la contratación menor, puesto que son un instrumento “legítimo para contratar” y afirma que hay Consejerías “que necesitan de esa agilización del contrato menor”, como la anterior Consejería de Cultura y Festejos, así como “da oportunidad” a las empresas locales.
Asimismo, ha asegurado que el PP “no puede dar ningún tipo de lección” en cuanto a la licitación y uso de los contratos menores, puesto que explica que la cuenta 413 que eliminó el anterior Gobierno local, era “un coladero tan grande como la Plaza de España de contratos que, en algún momento dl proceso administrativo, le faltaba algún tipo de trámite, desde el informe de necesidad, hasta la licitación o cualquier otra cosa”.
Por su parte, el diputado de Vox, José Miguel Tasende, ha defendido que la Intervención es un instrumento “de mejora imprescindible para el funcionamiento del conjunto de la Administración” al que se le puede “sacar más partido”. Por ello, ha solicitado que “no se abusen” de los contratos menores ni de los contratos ‘puente’ porque “limitan la competencia, significa una falta de planificación estratégica, supone una falta de transparencia, un desincentivo para los contratos mayores e interviene la discrecionalidad del órgano de contratación”.
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