El Gobierno inicia hoy el proceso judicial contra Madrid por no presentar su registro de objetores al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno solicitará este lunes a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid contra la Comunidad de Madrid por no presentar su registro de objetores al aborto.

«La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid», ha subrayado Sánchez en un mensaje en la red social ‘X’.

Según ha precisado el Gobierno en un comunicado, el ejecutivo madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, «se ha negado reiteradamente a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo».

En concreto, ha denunciado que la Comunidad de Madrid «ha ignorado» el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, en el que se le recordaba la exigencia de crear este registro.

Según ha recordado el Ejecutivo, el 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte todas las comunidades autónomas, aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro, un acuerdo «de obligado cumplimiento y, por tanto, exigible ante los tribunales».

El Gobierno ha señalado que la «negativa» del ejecutivo regional a cumplir la ley «atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios», y «protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones».

Precisamente, según ha explicado el Gobierno, el objetivo de crear el registro de objetores es «que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados».

El pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió el mismo requerimiento a las tres comunidades autónomas que aún no habían acatado la ley (Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid), dando un plazo de un mes para su respuesta. Según ha precisado el Ejecutivo, las dos primeras comunicaron «inmediatamente» el inicio de los trámites para la creación del registro, a diferencia de la Comunidad de Madrid.

Acceda a la versión completa del contenido