El Gobierno de Ceuta recula en su intención de pedir la integración aduanera

El Gobierno de Ceuta, ha través de su portavoz en la Asamblea, ha decidido recular en su intención de pedir la integración de ambas ciudades autónomas en la Unión Aduanera europea. Esta decisión se ha tomado en base a un informe realizado por Procesa (el equivalente a nuestra Promesa) que “pinta” un panorama desolador, capitalizado por una fuerte retracción económica. Los populares, de este modo, abandonan la promesa hecha al ejecutivo de Melilla en enero, cuando se comprometieron a avanzar “de manera coordinada”. El Gobierno de Ceuta, presidido por el popular Juan Vivas ha decidido recular en su intención de plantear formalmente la integración de ambas ciudades autónomas en la Unión Aduanera, decisión que se ha tomado pese a que el propio presidente de Ceuta se comprometió con el ejecutivo de nuestra ciudad el pasado enero.
Según el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Emilio Carreira, siguen existiendo “ciertos riesgos” que desaconsejan la maniobra, si bien no los ha especificado; el portavoz se mostró temeroso, razonando que “no vamos a poner en peligro lo que tenemos para no conseguir algo mejor”, ante el debate propuesto por la oposición, que exigía la tramitación de la petición de incorporación a la Unión Aduanera.
Los presidentes de Ceuta y Melilla anunciaron en enero que promoverían la integración de las dos ciudades “de manera conjunta y coordinada” supeditada a la conservación de su Régimen Económico y Fiscal (REF) especial y a la implementación de “un conjunto de medidas tributarias, arancelarias, de ayudas al transporte o de otra índole que supongan un estímulo suficiente y eficaz para abrir nuevos horizontes y oportunidades al desarrollo económico”.
Entre las “incertidumbres” que han hecho replegarse al Ejecutivo autonómico está un informe elaborado por la Sociedad de Desarrollo de Ceuta (Procesa, el equivalente a Promesa) que alerta de que, en el peor de los escenarios posibles, el único que contempla, la integración supondría un grave impacto económico para la ciudad; “una retracción económica de 103 millones; una contracción del PIB del 6,2 por ciento y la pérdida de 1.400 empleos regulares”.
Este informe de Procesa contradice de pleno las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, que concluyó que era “aconsejable” que Ceuta y Melilla pidiesen su integración, así como también contradice las conclusiones de al menos otros dos estudios realizados por consultoras privadas de gran prestigio. Tras el informe de Procesa pueden percibirse los intereses económicos de la Ciudad Autónoma, que sería la principal afectada de una hipotética integración, al dejar de recaudarse el IPSI.

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