El Consejo de Ministros, como ha ocurrido todos estos años, ha aprobado este viernes 31 de agosto un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a las ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. Según ha explicado portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, "esta vez, el Real Decreto aporta unos fondos: 2.345.000 euros para la ciudad de Ceuta, y 4.103.890 euros para la ciudad de Melilla", dado que nuestra ciudad acoge a más MENAS. "Estimamos que existen razones de interés público, social y humanitario para trabajar de esta manera", ha manifestado la portavoz del Ejecutivo.
Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa, con carácter excepcional, de subvenciones para la mejora de la atención que reciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por las ciudades de Ceuta y Melilla, según ha detallado el Ejecutivo.
En concreto, ha manifestado que las actividades que se pretenden realizar se derivan de "la necesidad de atender la situación en que se hallan estas ciudades que, por su localización geográfica, han recibido en estos años un gran número de estos menores".
A juicio del Gobierno, debido a su situación geográfica, las ciudades de Melilla y Ceuta "se ven afectadas por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español, al ser puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa".
Protección y atención
"Entre los inmigrantes que acceden a su territorio se encuentran un número notable de menores extranjeros no acompañados. Estas llegadas de menores extranjeros no acompañados y su posterior permanencia, que obliga a los poderes públicos a otorgarles la protección y atención necesarias, requiere la disponibilidad de unos recursos que den respuesta a sus necesidades específicas y que no pueden ser satisfechas por los medios regulares de los que disponen estas ciudades", argumenta el Ejecutivo.
Finalmente, ha señalado que las comunidades autónomas, al haber asumido las competencias previstas en el artículo 148.1 de la Constitución Española, "son las responsables de la protección de menores en sus respectivos territorios, y cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo les corresponde la tutela del mismo, debiendo adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda".
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