El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto (RD) por el que se regulará la concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones sociales y el funcionamiento de plantas desalinizadoras y desalobradoras en las ciudades de Melilla y Ceuta. Según informó ayer la Delegación del Gobierno en Melilla, estas subvenciones directas tienen un carácter excepcional y se justifican porque en ellas concurren razones de interés general, social y económico. La institución que preside Sabrina Moh ha indicado que el Estado viene contribuyendo desde hace varios años, mediante aportaciones específicas en los Presupuestos Generales del Estado, al sostenimiento financiero de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de ambas ciudades autónomas, así como a la financiación de actuaciones sociales en dichas ciudades.
Por ello, este Real Decreto contempla la financiación del mantenimiento de las plantas desalinizadoras, con un importe de 4.027.150 euros a favor de Melilla, y de 3.972.850 euros a favor de Ceuta.
En cuanto a las actuaciones sociales que serán objetivo de subvención directa tendrán unos importes de 10.250.000 euros para actuaciones de carácter social en Melilla y de 3.250.000 euros para actuaciones en Ceuta.
Justificación del interés general
Tanto Melilla como Ceuta, por su especial situación geográfica, carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de ciudades españolas, lo que ha propiciado la búsqueda de fuentes alternativas, como la desalinización del agua de mar. El Estado ha contribuido a la financiación de esas actuaciones de desalinización.
Asimismo, estas ciudades autónomas constituyen la frontera sur de Europa y están sometidas a una fuerte presión migratoria. Su desarrollo industrial se encuentra limitado por las reducidas dimensiones de sus territorios y por la inexistencia de materias primas locales.
El Gobierno, en relación con la decisión del Ejecutivo central de aprobar más de 10 millones de euros para financiar actuaciones sociales en Melilla, ha destacado que existe una importante necesidad de atender determinados gastos estructurales en materia de servicios sociales, recogida de residuos, seguridad pública y privada. Todo ello, a juicio del Ejecutivo, avala el interés general, económico y social requeridos que justifica la adjudicación directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través de este Real Decreto, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de ambas ciudades autónomas, ha concluido la información facilitada por la Delegación del Gobierno.
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