El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido aplicar la subida y los atrasos pendientes en las nóminas del personal laboral en la Administración General del Estado, después del anuncio de movilizaciones y los diferentes conflictos colectivos planteados por los sindicatos ante el incumplimiento en el IV Convenio Único. Los retrasos en las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019, según ha cuantificado CSIF en una nota. El sindicato celebra que el Ministerio haya reconducido su postura y espera iniciar pronto las negociaciones sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado en materia salarial, así como la oferta de empleo público de 2021, para abordar las necesidades urgentes de las plantillas agravadas por la situación de pandemia.
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