El Gobierno adjudica la asistencia sanitaria de los jueces y funcionarios de Justicia mientras Muface se le resiste.

Justicia firma la adjudicación a Asisa, Adeslas y Nueva Mutua del nuevo concierto sanitario para los años 2025 y 2026. Este concierto cubre a 92.000 personas en España. Melilla, con un porcentaje muy alto de funcionarios, es una de las ciudades más preocupadas por saber a través de qué empresas recibirán estos su asistencia sanitaria privada.

El Gobierno ya ha adjudicado la renovación de la asistencia sanitaria de los funcionarios de Justicia. Los ganadores del concurso han sido Asisa, Adeslas y Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico. A falta de formalizar los contratos, las tres empresas darán cobertura a jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia durante 2025 y 2026 tras la renuncia de Sanitas, DKV y Mapfre.

El presupuesto para los dos ejercicios es de casi 175 millones de euros. Se prestará atención sanitaria a un colectivo de 92.000 personas. Las mutualidades de varios colectivos de funcionarios caducaban el pasado año 2024, por lo que el Ejecutivo está negociando con las aseguradoras la renovación de los contratos.

Muface es un quebradero de cabeza para el Gobierno

El Gobierno no ha conseguido, pese a las importantes subidas ofrecidas por el ministerio de Función Pública, que dos de las actuales prestatarias del servicio (Adeslas y DKV) de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que asiste a 1,5 millones de personas, hayan participado en la oferta. No parece que las ofertas del ministro Oscar López (según él con subidas históricas) hayan convencido a las citadas aseguradoras de que era un servicio que les podía ser rentable prestar.

Adeslas fue la primera en renunciar a la renovación del concierto, aunque sí que ha aceptado cubrir a otros trabajadores públicos, como es el caso de los jueces. DKV también rechazó pelear por la oferta de Muface. De momento sólo Asisa parece estar echando números para decidir si acude al concurso o no. Mientras tanto, el Ejecutivo ha ampliado el plazo para presentar ofertas hasta el 27 de enero. Aunque en el ministerio creen que sus condiciones son suficientemente atractivas, es evidente que las aseguradoras no piensan igual.

El concierto sanitario para los empleados de Justicia se ha solucionado más rápido

El 15 de octubre se publicó la licitación, pero el 22 de noviembre el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) la suspendió cautelarmente por un recurso que fue posteriormente desestimando. Finalmente se ha conseguido adjudicar, aunque falta que Félix Bolaños (ministro de Justicia) lo confirme.

Están afiliados obligatoriamente a la Mutualidad General Judicial los funcionarios en servicio activo miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, los Médicos Forenses, los funcionarios de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, así como de los restantes Cuerpos y Escalas al servicio de la Administración de Justicia, cualquiera que fuese su lugar de destino y la Administración Pública que, en su caso, tenga asumida su gestión.

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