El Gobierno ha acordado rescindir de forma unilateral el contrato del Ministerio del Interior para comprar munición a una empresa israelí tras las negociaciones entre PSOE y Sumar, según han indicado fuentes del Ejecutivo.
Concretamente la junta de inversión de material de doble uso denegará a la compañía israelí IMI Systems el permiso de importación de este material a España por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato, han precisado las fuentes.
Asimismo, desde el Gobierno informan que la Abogacía del Estado y los ministerios implicados ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones por parte de la compañía afectada.
Las dos alas del Ejecutivo han destacado que están «firmemente comprometidos con la causa palestina» y la paz en Oriente Próximo. Por esto resaltan que, desde el 7 de octubre de 2023, España «ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes», ni tampoco «lo hará en el futuro».
De esta forma, exponen que los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y aseguran que los relativos a armamento «no se van a ejecutar».
La formalización por parte de Interior de la adquisición de 15,3 millones de balas a esta empresa israelí por un importe de 6,6 millones de euros, ahora finalmente cancelada, generó un fuerte choque en la coalición de gobierno, al exigir Sumar la cancelación de dicho contrato.
Las citadas fuentes han explicado que tras haberse agotado todas las vías de negociación, la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios compententes han decidido revertir dicho contrato.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya apuntaba esta mañana a la anulación del polémico contrato en declaraciones a los medios en Toledo, donde participa en un congreso de CCOO, al destcar que matenía desde ayer conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, al respecto.
En la misma línea fuentes de Moncloa confirmaban que los dos socios de la coalición de Gobierno estaban trabajando para buscar una solución que pueda «salvar la situación administrativa» en la que se encuentra el Ejecutivo.
Díaz también ha destacado que «no hay ninguna crisis de Gobierno», frente a lo manifestado por IU que denunciaba maniobras unilaterales del PSOE en materia de gasto militar y abría incluso la posibilidad de salir del Ejecutivo.
Precisamente este jueves se ha convocado una reunión de los partidos de la coalición Sumar para abordar las tensiones generadas por el aumento de la inversión en defensa y de este contrato, que ahora se prevé más calmada una vez rescindido el mismo.
La ministra de Trabajo ha enfatizado que ayer fue «muy clara» y que esa adquisición de munición (15,3 millones de cartuchos por 6,6 millones de euros) no podía tener lugar y había que rectificar de manera «inmediata», cuando se está asistiendo por parte de Israel a un «auténtico genocidio en Gaza». Por tanto, estaban centrados en «anular un contrato que nunca debió haber existido».
Este contrato provocó un fuerte choque en la coalición, sobre todo en el caso de IU que reclamó una reunión de los partidos de Sumar y aludía que todos los escenarios estaban abiertos, incluido salir del Ejecutivo, si el ministro del Interior no rectificaba. De hecho, la formación llegó a plantear que Marlaska debía dimitir si era incapaz de suprimirlo.
Mientras, el titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró que la continuidad del socio minoritario de la coalición no estaba en riesgo y que la ruptura nunca había estado encima de la mesa, peso a lo señalado por IU.
Sumar había reclamado también la comparecencia del titular de Interior en el Congreso para explicar todo lo acontecido con esa licitación y exigió formalmente que rectificara.
Ayer el Ministerio que dirige Marlaska reafirmaba, tras las fuertes críticas lanzadas desde Sumar y otros socios del Gobierno, el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no vender ni comprar armas al Estado de Israel, pero justificaba la adquisición de 15 millones de balas a una empresa de este país ante la imposibilidad de anular el pago de un material necesario para los servicios que presta la Guardia Civil.
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