La Fiscalía reclama que Globalia, a la que acusa de un delito de fraude continuado en el cobro del descuento de residentes a pasajeros de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, devuelva al Estado lo defraudado -19 millones más 3,6 millones de intereses- y haga frente a una multa de 9,5 millones de euros. Además, solicita que durante diez meses no pueda acceder a subvenciones o ayudas públicas, y que no goce de incentivos fiscales o de la Seguridad Social. La Fiscalía reclama que Globalia, a la que acusa de un delito de fraude continuado en el cobro del descuento de residentes a pasajeros de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, devuelva al Estado lo defraudado -19 millones más 3,6 millones de intereses- y haga frente a una multa de 9,5 millones de euros.
Además, solicita que durante diez meses no pueda acceder a subvenciones o ayudas públicas, y que no goce de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
A la hora de solicitar la pena para el grupo de Hidalgo, el fiscal ha teniendo en cuenta la reparación del daño -consignó 15 millones nada más abrirse la investigación y ha ido entregando diversas cantidades hasta los 30,3 millones- así como su colaboración en la investigación, entregando toda la documentación solicitada.
Según recoge El Español, fuentes jurídicas apuntan a que la previsión es que Globalia vaya a asumir la condena y evitar así el juicio en la Audiencia Nacional.
Al igual que el juez Velasco, la Fiscalía asegura que no ha sido posible determinar quién ordenó el fraude al Estado. Esta mecánica fraudulenta "fue ideada por una persona no suficientemente identificada, con facultades decisorias en la sociedad acusada, en fecha tampoco determinada y trasladada como mecánica de procedimiento a las compañías del grupo, que de esta forma creó un sistema de cobro de tarifas subvencionadas por encima de lo dispuesto" en la ley, señala el Ministerio Público en su escrito de calificación.
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