El Parlamento Europeo recoge en su resolución que a causa de los prolongados periodos de latencia, las víctimas del amianto no suelen ser capaces de fundamentar la causalidad de las exposiciones profesionales a este metal, por ello los Estados deberán garantizar que la aportación de pruebas. En este sentido, Puche sostiene que este articulado debe refrendar "que los afectados puedan ejercer sus derechos reparadores y de justicia sin las trabas que actualmente encuentran y con más éxito". Y es que cabe recordar que, una de las cuestiones que está en debate entre los afectados del Centro de Salud Polavieja y lo anunciado por la propia Ingesa en su primer comunicado tras la denuncia de la que se hizo eco este diario, es que desde su inicio aseguran que no había una relación causa-efecto aún sin haber llevado a cabo todas las pruebas, cuestión de la que dudan los sindicatos.
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