La abogacía representa para Blas Jesús Imbroda no sólo una profesión, sino también una de sus principales pasiones a las que ha dedicado -y dedica- buena parte de su vida. Su implicación con la profesión que desempeña desde hace más de tres décadas subió un grado más al ser designado decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla en marzo de 2001. El pasado miércoles fue reelegido con dos tercios de los votos.
- Ha habido una alta participación en estas elecciones del Colegio de Abogados. Su contrincante, José Alonso, lo atribuía a las ganas de los colegiados de cambiar las cosas. ¿Piensa Vd. lo mismo?
- Estoy muy satisfecho con la alta participación de estas elecciones, lo que demuestra el compromiso y la implicación de la Abogacía melillense. Estoy también muy contento con el amplio apoyo que he recibido de los compañeros. Eso implica mi agradecimiento por la confianza, y compromiso de asumir una gran responsabilidad para seguir trabajando en beneficio del ejercicio de derecho a la defensa y en beneficio de una mejor abogacía en la ciudad. Hay que decir también que en esta campaña electoral se han recibido críticas a la labor de la Junta de Gobierno muy injustas y que no son verdad. Y eso probablemente haya hecho que muchos compañeros hayan querido ir a dar un apoyo masivo en este caso a mi candidatura, que es el trabajo que ha venido haciendo el trabajo de la Junta de Gobierno. Ha sido un trabajo intenso y muy positivo para la abogacía.
- Es conocida la cercanía con formaciones políticas de la mayoría de los candidatos en estas elecciones. ¿Cree que han sido éstas unas elecciones politizadas?
- Por mi parte no ha habido la menor politización. Siempre he trabajado por que el Colegio esté al margen de la política. Siempre. Y no he sido precisamente yo la persona que haya querido ni que le haya dado el menor matiz político a estas elecciones, entre otras cosas porque cuando se producen unas elecciones a un colegio de abogados, la política debe quedar completamente al margen. El Colegio de Abogados trabaja por una profesión plural en cuanto a los integrantes, cada uno podrá políticamente pertenecer y tener su ideología, pero nosotros trabajamos por la profesión, para que cada día sea mejor y en consecuencia, que el fin de la misma, que es proteger los derechos de los ciudadanos, se preste de la mejor manera posible.
- ¿Cuáles son sus prioridades para este nuevo mandato?
- Poner en marcha la nueva sede para la actividad que se ha venido desarrollando por parte del Colegio de Abogados, que vamos a ampliar porque ahora sí tenemos espacio físico para hacer muchas más cosas. Queremos crear un Seminario Permanente de Formación, aunque en este campo hemos sido un colegio referente por las muchas actividades formativas que se han hecho siempre. También pretendo que el mayor número de compañeros participen en la vida diaria del Colegio de Abogados y se impliquen en sus actividades y en las comisiones. Y vamos a prestar mucha más atención a los problemas que diariamente surgen en la actividad profesional de los abogados en los juzgados y tribunales. Y sobre todo, seguir trabajando mucho, que es lo que hemos venido haciendo.
- Una de las reivindicaciones históricas del gremio es la mejora de las condiciones de los abogados de turno. ¿Qué van a hacer desde el Colegio de Abogados para solucionar sus problemas?
- Hay una reivindicación permanente de la Abogacía Española por la mejora en los honorarios por la prestación de los turnos de oficio. Se trabaja desde el Consejo General de la Abogacía Española por conseguirlo, porque esto es un trabajo y un esfuerzo que tenemos que hacer conjuntamente la totalidad de los Colegios de Abogados, ya que por separado difícilmente se podrán conseguir metas.
- El Colegio también tiene un importante protagonismo en la apertura de las oficinas de asilo recién inauguradas por la asistencia letrada. ¿Cómo están funcionando?
- Se ha trabajado y se está trabajando mucho por parte del Colegio y de los compañeros, que están haciendo una gran labor en la prestación de la asistencia jurídica en el tema de la protección internacional. Nosotros lo que reivindicamos es que ese esfuerzo sea mejor retribuido. La Abogacía, por encima de las retribuciones, que son mínimas en la prestación de estos servicios, está el servicio que presta, que siempre ha prestado y seguirá prestando por su compromiso con la sociedad, que en este caso es una de las más desfavorecidas. Pedimos que eso esté compensado dignamente y seguiremos reivindicando, pero en ningún momento se va a dejar de prestar ese servicio para que ningún ciudadano quede sin protección jurídica. Ya estamos trabajando también en un curso especializado en materia de protección internacional.
- Hablando de inmigración, ¿qué le parece uno de los asuntos que más controversia están creando, como son los procesos abiertos contra guardias civiles?
- Los inmigrantes tienen sus derechos, y una vez que están en Melilla, por supuesto sería de aplicación todo el proceso de asistencia letrada y en consecuencia, la defensa de sus derechos. Desde el Colegio de Abogados articulamos los medios para la asistencia jurídica, que es muy amplia en materia de Extranjería. Por lo que respecta a la Guardia Civil, a mí no me parece justo que se criminalice la labor que realiza la Guardia Civil en el control de las fronteras. Considero que son profesionales que realizan una labor que no es nada fácil, es una labor de protección de las fronteras. No es justo que se dé una imagen negativa de la Guardia Civil porque hacen una labor en muchos casos sumamente humanitaria. En consecuencia, respeto la labor que realiza la Guardia Civil.
- En los últimos años se está dando una judicialización de la vida política. ¿Cree que eso es positivo para Melilla, o solo puede conducir a una inestabilidad administrativa como la que se está produciendo?
- No estoy de acuerdo con la judicialización de la vida política ni en Melilla ni en ninguna ciudad del resto de España. Siempre he sido contrario a la judicialización de la vida política. Se usan y se instrumentalizan los tribunales en batallas de tipo estrictamente político. Muchos de los procedimientos, desde mi punto de vista, no tienen el menor componente penal. Se debaten cuestiones estrictamente administrativas, eso sí, se instrumentalizan en los juzgados, y se usan para el desgaste político del contrario. Esto no solo se hace en Melilla y no solo por un partido político de un color. De esto son responsables todos los colores políticos. Desde mi punto de vista es un error usar los tribunales en las contiendas políticas, con independencia de cuestiones que sí sean del ámbito judicial o penal, por supuesto sí tengan que conocer los tribunales. Pero hay muchos temas sin contenido penal y usando querellas o acusaciones populares crean procedimientos que se dilatan en el tiempo y que se usan para el desgaste político. Esto no solo ocurre en esta ciudad, y se ha hecho por todos los partidos, lo cual considero que es un error.
- Quería preguntarle por asuntos de actualidad en el ámbito judicial, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué le parece la propuesta que ha presentado el Ministerio de Justicia?
- El actual ministro de Justicia ha planteado unas reformas que considero importantes. Los procedimientos penales no se pueden eternizar y deben limitarse en el tiempo. Una Justicia que no sea ágil o lo más rápida posible no es justicia. Y hay distintos aspectos que también son importantes en la reforma, entre ellos el que ha suscitado debate en la opinión pública, el cambio de concepto de imputado. Creo que el uso que se ha hecho del concepto de imputado es totalmente injusto porque imputado es equivalente a querellado o denunciado, y cualquier denunciado o querellado que va a ser citado en el juzgado, en consecuencia en calidad de imputado, ya va a ser estigmatizado totalmente injusto cuando a lo mejor esa persona es completamente ajena a los hechos. Yo defendería y reclamo ese respeto a la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional y sagrado. Es importantísimo, pero ahora está en la opinión pública proscrito.
- El ministro ha abierto una polémica al proponer que se sancione a los medios por publicar sumarios judiciales. Catalá ha dado marcha atrás, pero ¿usted piensa que eso es necesario?
- He oído al ministro decir que no lo ha dicho así literalmente y que no está de acuerdo con que se sancione a los medios de comunicación. Yo no estoy para nada de acuerdo con que se sancione a un medio de comunicación porque abra debates sobre cuestiones que están siendo objeto de procedimientos judiciales. Los medios de comunicación tienen que informar y también crean opinión pública, y eso es una función constitucional que tienen los medios de comunicación. Sí le pediría a la sociedad en su conjunto, incluidos los medios de comunicación y a la opinión pública en general, que aun cuando se informe, que tienen el derecho a hacerlo, se respete el derecho a la presunción de inocencia. Que no se condene a las personas desde el primer momento.
- Las tasas judiciales, muy criticadas desde el Colegio de Abogados, parece que se van a derogar parcialmente. ¿Piensa que es suficiente?
- El Colegio de Abogados de Melilla se posicionó públicamente en contra de la Ley de Tasas del ministro Gallardón y hemos participado en las movilizaciones que se han llevado a efecto aquí y en Madrid en contra de la Ley de Tasas. Fue un error de Gallardón. Sin embargo, el actual ministro dio un paso muy importante suprimiendo la Ley de Tasas para las personas físicas, atendiendo la reivindicación de la Abogacía Española. Aún así, nos gustaría que a las PYMES también se les suprimiera las tasas judiciales, pero en cualquier caso ha sido un paso muy grande la supresión de las tasas para las personas físicas.
- El Gobierno renuncia a ceder el Registro Civil a los registradores mercantiles y retrasa un año su reforma. ¿Cómo ven la medida desde el Colegio de Abogados?
- Mi opinión sobre este tema es que los registros civiles deben ser públicos y gratuitos. También que deberían estar separados de los juzgados y no como ocurre actualmente, que es una carga de trabajo inmensa para los juzgados. Que sean una oficina propia, con un juez específico encargado del Registro Civil, pero separado del juzgado para que no tenga que compatibilizar las funciones del Registro Civil y las muchísimas labores como juez de primera instancia y primera instrucción. Es una carga de trabajo excesiva.
