Categorías: Inmigración

El Defensor rechaza el “clima social de agresividad” contra los MENA

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, expresó ayer su rechazo al “clima social de agresividad” que se ha generado en torno a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que viven en la calle al negarse a ser tutelados por la administración, una situación que le produce “una enorme preocupación”. Este es uno de los asuntos que Fernández Marugán lleva en cartera durante la visita que ayer inició a Melilla, en la que manifestó que “en política hay que tener mucho cuidado a la hora de adoptar determinados lenguajes”, ya que ese “clima social de agresividad” que se genera es “escasamente recomendable”.
En el caso de los menores inmigrantes en Melilla, lamentó que “abundan declaraciones poco afortunadas que no contribuyen a mejorar el estado de la situación”, que ya es problemática por el “riesgo implícito” que supone la presencia de estos niños en la calle y “el intento muchas veces desesperado” de acceder a los barcos para llegar a la península.
Esto deriva en “noticias muy dolorosas” por las consecuencias de esos intentos, ante las cuales “la respuesta no puede ser la violencia verbal, como en ocasiones emplean algunos”, sobre lo que dijo no saber los objetivos que persigue esa actitud “bastante execrable” desde el punto de vista de la institución que dirige.
No obstante, expresó su deseo de que el programa de educadores de calle que ha iniciado la Consejería de Bienestar Social en Melilla sea un éxito, algo en lo que tiene “alguna esperanza”, como ya dijo en el Senado.

Mediación del Defensor
Fernández Marugán afirmó que el problema de los menores inmigrantes es “relativamente importante” en Melilla, donde reconoció que “se hace un esfuerzo”, si bien en la actualidad la situación es “más complicada” que cuando viajó a la ciudad hace un año, cuando había 550 menores entre tres centros con una capacidad de 280, y ahora hay 550 solo en uno.
El Defensor del Pueblo indicó que la institución actuó y no permaneció impasible hace un año cuando desde la Ciudad Autónoma se le pidió que hiciera una labor de mediación para que parte de esos menores fueran “transferidos” a otros lugares del país debido a la “saturación” de sus centros de acogida de Melilla.
Sin embargo, la Secretaría General de Inmigración y Emigración dijo que el mecanismo de activación se hacía entre comunidades autónomas, mientras que Ceuta y Melilla, al ser ciudades con Estatuto de Autonomía, “tenían otro procedimiento, que se hacía a través de un convenio de colaboración” entre las administraciones central y local.
Ese convenio incluía una subvención que duplicó su cuantía en 2017 respecto a 2016, respuesta que el Defensor del Pueblo transmitió a la Ciudad Autónoma, institución con la que dijo no tener ningún inconveniente en volver a realizar una labor de mediación si fuera necesario ahora que la situación es “más complicada” por haber aumentado el número de menores.
En este punto, apuntó que “a lo mejor hay una nueva realidad” ante el cambio de Gobierno que se ha producido, si bien instó a poner “a cada cual en su sitio”, porque “si hay que exigir responsabilidades, es a los que estaban antes, que tomaron un criterio, no a los que acaban de llegar”.

Una prioridad
El Defensor, en su última comparecencia en el Senado, destacó que le preocupa mucho la situación de los MENA en Ceuta y en Melilla y que garantizar la defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados siempre ha sido “una prioridad”.
El Defensor considera que “son niños y niñas antes que extranjeros” y en numerosas ocasiones ha reclamado que se dote al sistema de acogida de recursos suficientes que permitan prolongar su protección una vez cumplidos los 18 años.
En este viaje, Fernández Marugán quiere conocer de primera mano la situación en la que se encuentran estos menores, si bien por problemas de agenda no podrá visitar el Centro de Menores de La Purísima, que es el que acoge a un mayor número de migrantes por debajo de 18 años de edad.
Los problemas en la documentación de la residencia legal de menores tutelados por la entidad de protección de menores melillense cuando alcanzan la mayoría de edad también preocupan a la institución.

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Redacción

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