El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado 30 actuaciones de oficio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, para conocer «las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada».
La institución ha detallado que ha solicitado a las mencionadas administraciones información relativa a «las medidas y planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda».
Del mismo modo, Gabilondo ha requerido información concreta sobre el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en su territorio; el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada; las medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada.
También ha reclamado datos sobre si existen áreas de mercado residencial tensionado y si se van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda; las medidas previstas para regular y en su caso limitar las viviendas destinadas a alquiler turístico, y las medidas dirigidas a ayudar al pago de los alquileres.
Respecto al Ministerio que lidera Isabel Rodríguez, el Defensor del Pueblo ha preguntado sobre el contenido del próximo plan estatal en materia de vivienda; los avances relativos a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada por el Gobierno y el grado de ejecución de los planes y programas de construcción de vivienda anunciados; así como sobre cualesquiera otros instrumentos que haya puesto en marcha o vaya a adoptar con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada.
«El acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo», ha subrayado el Defensor.
En este contexto, ha recordado que las dificultades para acceder a la vivienda llevan tiempo siendo objeto de especial consideración para la institución. «El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios», refleja el Defensor en sus últimos informes anuales.
«Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública. Parece preciso aumentar significativamente la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil», sostiene.
Según el Defensor del Pueblo, se necesitan más viviendas protegidas. «Se da la circunstancia de que España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social, que sólo representaba el 3,3% respecto del conjunto de los hogares o viviendas principales», destaca la institución, según los datos de 2024 del Observatorio de Vivienda y Suelo, elaborados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En este sentido, Ángel Gabilondo ha subrayado que, en Países Bajos, el parque de vivienda social representa el 30% y en Francia, el 17%, mientras que la media europea se sitúa en el 10%.
«La situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes, pero es más intensa en aquellos territorios con más población y receptora de más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados, y a las personas y unidades familiares con ingresos medios. Esto ahonda la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos, a juicio de la institución», ha concluido.
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