El Defensor del Pueblo ve “cierta rudeza” en el trato al menor fallecido

Según consta en un informe realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el que se analizan las circunstancias que rodean el fallecimiento de un menor de 17 años tutelado por la CAM y originario de Guinea Conakry el pasado diciembre -tras pasar casi un mes en la UCI del Comarcal-, el Defensor del Pueblo ha manifestado que se observa “cierta rudeza” en la contención realizada al menor por el personal del centro de reforma. El informe comenta también las trabas a la hora de acceder a las grabaciones de los hechos y la falta de claridad en lo relativo a la información tanto sobre el personal que realiza los registros como sobre la aplicación de los medios de contención física. El Defensor del Pueblo ha detectado “cierta rudeza” en la contención física practicada sobre un menor del centro de menores infractores “Ciudad de Melilla”, tras la cual tuvo que ser evacuado con parada cardiorrespiratoria al hospital, donde murió el 22 de diciembre de 2017.
Así consta en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura MNP, tras visitar este centro de menores infractores los días 12, 13 y 14 de diciembre sin previo aviso, unos días después de que se produjera la contención al chico de 17 años originario de Guinea Conakry.
En el momento de la visita, el joven se encontraba en cuidados intensivos en el hospital, y el informe alerta textualmente de que “en la contención realizada al menor se observó cierta rudeza” y recuerda que este tipo de prácticas físicas deben realizarse bajo los principios de “respeto a la dignidad personal, proporcionalidad, intervención mínima y temporalidad”.
El documento advierte de que el equipo del MNP “tuvo problemas en un primer momento” para acceder a las grabaciones de los incidentes, que fueron remitidas con posterioridad a la visita de la Consejería de Melilla, después de verse obligados a realizar un requerimiento por escrito.
Asimismo, solicitó un informe al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria sobre la asistencia hospitalaria y la evolución del menor y ha remitido al Área de Seguridad y Justicia este asunto para que efectúe u seguimiento individualizado del caso.
Asimismo, sostiene que tras la parada cardiorrespiratoria del chico, los responsables del centro no prepararon al resto de menores internos y trabajadores para el “probable resultado fatal que finalmente se produjo”, dado el grave estado en el que se encontró el menor durante el mes en que estuvo hospitalizado, pues ingresó el 24 de noviembre y murió el 22 de diciembre.
“Se solicitó información adicional sobre el tipo de preparación y apoyo ofrecido tanto a los internos como a los trabajadores del centros la vista de las negativas previsiones que se iban conociendo sobre la evolución del menor hospitalizado”, sostiene el Defensor.
Al margen de este suceso, el MNP incorpora en este documento otras de las observaciones sobre la situación de los menores internos. En concreto, señala que aunque el centro dispone de un protocolo de parte de lesiones, en el que se explica cómo y cuándo ha de cumplimentarse y la forma de remitirlo al juzgado, sin embargo, estos partes no se realizan de forma frecuente “aun cuando existe un alto número de contenciones” físicas.
Por ello, el Defensor sugiere en su escrito que se incluya en el dossier de ingreso de cada menor la información relativa a la cumplimentación y remisión al juzgado de los partes de lesiones. Asimismo, propone la creación de un libro registro de visitas oficiales, ya que no cuenta con este sistema, y avisa también de que los menores a los que se les abre un expediente disciplinario no tienen la garantía de que sus tutores legales lo sepan.
El MNP advierte también de que el director del centro no tiene acceso a la conservación y extracción de imágenes de las cámaras de videovigilancia y plantea habilitarle un sistema en el caso de que se produzcan incidentes que requieran una visualización inmediata.
Este organismo observa que la información relativa al personal que realiza los registros y la aplicación de los medios de contención física es “confusa”, de manera que ha solicitado a la Consejería de Bienestar Social que describa de forma diferenciada las responsabilidades de los vigilantes de seguridad y auxiliares de control educativo.

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