El Defensor del Pueblo ha acusado a tres Ministerios –Hacienda, Justicia y Universidades–, a seis comunidades autónomas –Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana–, a las dos ciudades autónomas –Ceuta y Melilla– y a 110 entidades locales de ser administraciones «no colaboradoras» con este organismo al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.
Así consta en un anexo del informe anual del Defensor del Pueblo que ha sido publicado este viernes y donde se recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones.
En el Informe Anual 2021, incluye un relato y análisis de lo ocurrido tras la crisis migratoria de Ceuta, los días 17 y 18 de mayo. También destaca que el grupo de extutelados que se encuentran en las calles de Melilla con autorizaciones de residencia en vigor, pero sin tarjeta de identidad que les permita acceder a la península es «ya muy numeroso». «Esto provoca numerosos intentos de embarcar en peligrosas condiciones en los buques de pasajeros», ha alertado.
El Defensor del Pueblo recibió el año pasado 129 quejas desde Melilla, frente a las 87 de 2020.
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