El Defensor del Pueblo ha recordado a las autoridades españolas «la obligación de respetar la legislación nacional e internacional», así como «el principio de no devolución» que, según ha recordado, «impide que pueda devolverse –sin procedimiento– a ciudadanos con necesidades de protección internacional y que hayan entrado en contacto con autoridades españolas».
El responsable de esta Institución ha enviado un comunicado, recogido por Europa Press, en este sentido ante la denuncia que media decena de ONG realizaron el último día del año 2021, sobre la presencia de un grupo de personas migrantes en la isla Congreso, perteneciente al archipiélago de Chafarinas.
Tal y como señala el Defensor, este grupo «estaba formado por nueve personas que manifestaron ser de origen sirio, tres de ellas niños, con intención de solicitar protección internacional en España». Del mismo modo apunta que «podrían haber sido devueltas a Marruecos».
Es por eso que, según señala en el texto, la Institución «ha venido dirigiéndose a las diferentes administraciones» sobre este tema «cuando ha considerado que, presuntamente, se estaban vulnerando derechos humanos» y «no se estaba atendiendo con precisión a lo mandatado por la legislación nacional y/o internacional respecto a personas migrantes».
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