El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha trasladado al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones diversas consideraciones sobre la situación en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Teniendo en cuenta “la tradicional sobreocupación” de estos dos centros, en los que “además, suele encontrarse un número significativo de menores”, el Defensor del Pueblo aboga por continuar con los traslados a la península y evitar así que se puedan producir contagios en unas dependencias que, en su opinión, no están preparadas para tal eventualidad.
Fernández Marugán se suma así a la preocupación de diversas ONG en los últimos días, entre ellas Save the Children y Amnistía Internacional, que también han realizado peticiones en este sentido al Gobierno, que ha rechazado dichas solicitudes asegurando que la situación en el CETI melillense, aunque es de “saturación”, está controlada hasta el momento.
Los CIE
Tras decretarse el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Defensor del Pueblo comenzó a recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no puede llevarse a cabo su devolución o expulsión. El Defensor recuerda que la privación de libertad de estas personas en estos centros tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión.
También ha pedido autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de ciudadanos extranjeros que podrían incorporarse a determinados sectores como el sanitario, agrícola o el cuidado de personas mayores, que «necesitan personal de manera urgente» por la crisis devenida por la pandemia del coronavirus. Ha explicado que es consciente de que «no es el momento de abordar reformas normativas», pero opina que la legislación actual permite dotar de permiso de trabajo a ciudadanos en situación regular en España, que no pueden acceder al mercado laboral al no contar con autorización de trabajo.
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