El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a la Delegación de Gobierno en Ceuta y Melilla, la puesta en marcha de diferentes medidas que solucionen la situación de irregularidad administrativa y laboral sobrevenida de trabajadores transfronterizos que se han quedado atrapadas en las ciudades autónomas tras el cierre de la frontera de Marruecos por la pandemia.
En un escrito de la Institución, recogido por Europa Press, el Defensor responde a una queja presentada el pasado noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), junto a un centenar de entidades, en la que denunciaban la «dura situación» que atraviesan unas 500 personas, que no puede regresar con sus familias desde marzo de 2020.
El Defensor ha explicado que están en trámite «distintas actuaciones con las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y con la Dirección General de Migraciones, dirigidas a paliar la situación» de estas personas.
En concreto, señala que se ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Ceuta que se facilite a los ciudadanos marroquíes el acceso a su país y el retorno a la ciudad autónoma, mediante la concesión de una autorización de regreso en caso de ser necesario, a fin de poder reunirse con sus familiares y renovar su documentación identificativa.
«Dicha cuestión se encuentra sujeta a la reapertura de la frontera por el Reino de Marruecos», ha advertido la Institución en su escrito.
También a la Delegación de Gobierno se le ha solicitado, según señala el texto, conceder una cédula de inscripción a los ciudadanos con pasaporte caducado para posibilitar la regularización de su situación documental y la realización de las gestiones que precisen con las distintas administraciones y entidades públicas o privadas; facilitar un cambio de la autorización de trabajo con la que cuentan a una autorización de residencia y trabajo, en caso de ser de su interés.
Por su parte, la institución que lidera Ángel Gabilondo, ha solicitado a la Dirección General de Migraciones la adopción de medidas para evitar la irregularidad administrativa y laboral sobrevenida de los trabajadores que permanecen en las ciudades autónomas ejerciendo su actividad laboral; así como para la regularización de la situación administrativa de aquellos otros que se encuentran en Marruecos, una vez que se produzca la reapertura de la frontera.
La APDHA se ha congratulado, a través de un comunicado, del reconocimiento del Defensor del Pueblo hacia esta situación y también por su acción de instar a los organismos oficiales a que «asuman sus responsabilidades y comiencen a trabajar para regularizar a través del arraigo laboral a estas personas» que, según han advertido, «en su mayoría son mujeres que realizan trabajos esenciales sin las que muchas familias en la ciudad autónoma no podrían continuar con sus vidas».
En este sentido, ha señalado que espera que estos trámites se realicen con la mayor brevedad posible, ya que según subraya, «son las propias trabajadoras las que llevan padeciendo el total desamparo de las administraciones públicas, a pesar de llevar cotizando y aportando al desarrollo del país desde hace más de 20 años»». Solo hace falta que desde la administración se cumplan las leyes», ha concluido la entidad.
