El Defensor del Pueblo pide a Melilla acomode la normativa padronal para incluir a menores extranjeros

El Defensor ha recomendado a la Ciudad Autónoma de Melilla que acomode la normativa padronal a los requisitos establecidos por la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 al objeto de acabar con la denegación de la inscripción a hijos menores de edad de ciudadanos marroquíes que residen en la ciudad. Por otra parte, la institución sitúa a Melilla entre las seis comunidades que entorpecen su labor. En su informe, el Defensor del Pueblo señala que el año pasado se presentaron “numerosas quejas” relacionadas con el hecho de que la Ciudad Autónoma de Melilla, deniegue la inscripción en el padrón municipal a hijos menores de edad de ciudadanos marroquíes, “lo que les impide acceder a numerosos servicios públicos, como la sanidad o la educación”.

Por este motivo, desde la Institución se ha recomendado a la Ciudad Autónoma que “acomode la normativa padronal a los requisitos establecidos por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 28 de diciembre de 2018”.

Esta sentencia “prohíbe toda discriminación a los menores extranjeros respecto de los nacionales españoles en cuanto a requisitos de identificación para la inscripción en el padrón y establece que el padrón no constituye prueba de residencia legal en España, sino que es meramente un registro de situaciones de hecho, por lo que no tienen sentido exigir un visado”.

El Defensor le ha recordado también a la Ciudad que el desconocimiento del número real y del perfil de los vecinos supone “una limitación muy trascendente para poder llevar a término una correcta planificación y ejecución de sus competencias, ya que la situación actual comporta que la financiación que recibe la ciudad no coincida con la que le correspondería si se empadronara a todo aquel que realmente vive en el municipio”.

Llegadas a costa
En 2019, según datos del Ministerio del Interior ha descendido el número de personas interceptadas en el mar y llevadas a costa en más de un 50%. Este descenso es generalizado en las entradas marítimas a la península, Baleares y a Ceuta y Melilla; pero no a Canarias, donde se ha doblado el número de entradas respecto de 2018 (2.698 frente a 1.391). Al Defensor le preocupa especialmente la situación de las mujeres con niños a su cargo que acceden de manera irregular a territorio nacional.

Un año más, las principales quejas relacionadas con los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tienen que ver con la demora en los traslados a la península y la tardanza en la realización de pruebas de ADN, que suelen implicar la separación de las familias hasta que reciben los resultados.

Se ha reiterado la recomendación de facilitar el traslado a la península de los solicitantes de asilo que se encuentran en Ceuta y Melilla, en situación de especial vulnerabilidad, y se ha insistido en la necesidad de mejorar y agilizar los procedimientos incoados para la identificación de menores acompañados, en los casos en los que no es posible acreditar el vínculo familiar con sus acompañantes.

MENAS
El Defensor del Pueblo ha destacado la "escasa fiabilidad" de los datos del registro estatal que contabiliza a los menores extranjeros no acompañados (MENA) en España, al tiempo que ha denunciado la disparidad que existe en las pruebas médicas a las que estos niños, niñas y adolescentes son sometidos para la determinación de su edad.

Al respecto, asegura que ha dado traslado "una vez más" a la Fiscalía General del Estado de su preocupación tras constatar "con alarmante frecuencia la insuficiencia de las pruebas médicas, la ausencia de intervención forense y la falta de notificación de los decretos".

Según afirma el Defensor, existe la necesidad de "mejorar" el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y en general el sistema de recogida de datos. "Miles de menores extranjeros no acompañados abandonan anualmente el sistema de protección sin que se pueda establecer con claridad las causas o, lo que es más preocupante, su paradero", remarca el Defensor del Pueblo.

Por otro lado, en 2019 la institución ha investigado los ataques y mensajes intolerantes contra menores extranjeros no acompañados y ha iniciado actuaciones por la falta de escolarización de un grupo de menores en situación irregular en Melilla. Otra cuestión es que se han recibido numerosas quejas de jóvenes que, tras cumplir su mayoría de edad, "quedan en una precaria situación ya que carecen de posibilidades reales de subvenir a sus necesidades más básicas".

Por último, el Defensor del Pueblo, ha situado a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como "administraciones entorpecedoras" de su labor en 2019.

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