El Consejo Escolar pide al Gobierno ampliar la reducción horaria del profesorado y aplicar la ley también a la enseñanza concertada

El Consejo Escolar del Estado ha aprobado por unanimidad un informe (no vinculante) sobre el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de España para reducir ratios y regular el horario lectivo, y le pide que sea “más valiente” en dos frentes: una mayor reducción horaria del profesorado y que esa mejora se aplique también a la enseñanza concertada.

El texto analizado —aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros— plantea bajar el máximo de alumnos por aula a 22 en Educación Primaria (desde 25) y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria (desde 30). Además, fija un tope de horas de docencia en aula a partir del próximo curso: 23 horas en Primaria y 18 horas en Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas, considerando “hora lectiva” también los periodos de menos de 60 minutos.

El Consejo subraya que estas medidas deben ir acompañadas de recursos suficientes. En particular, reclama que se garantice la dotación de profesorado necesario para que la reducción horaria “en ningún caso” implique recortar programas, apoyos o medidas de atención educativa en los centros. Además, insiste en que la norma no puede quedarse en un ajuste técnico, sino que debe traducirse en mejores condiciones reales de trabajo y de atención al alumnado.

En materia de inclusión y atención a la diversidad, el informe insiste en la “vital importancia” de reforzar medios humanos y materiales para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en aulas ordinarias de centros sostenidos con fondos públicos, con prioridad para quienes presentan necesidades educativas especiales. Propone, además, que el alumnado que requiera adaptaciones de elementos básicos del currículo compute igual que el alumnado con necesidades educativas especiales al calcular la ratio, y establece un criterio claro: no superar los 3 alumnos con estas necesidades por unidad escolar.

También pide concretar qué conceptos horarios deben considerarse lectivos para aplicar la norma de manera homogénea y advierte contra el uso abusivo de la “excepcionalidad” (tanto en horarios como en ratios por escolarización sobrevenida), para evitar que lo excepcional se convierta en práctica habitual. Asimismo, anima al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a desplegar el calendario de aplicación en el menor tiempo posible y en todas las etapas, evitando demoras por falta de acuerdos o financiación.

El informe sugiere completar la reforma con otras medidas: A1 para todos los cuerpos docentes, jubilación docente anticipada y gratificada, regulación de la salud laboral con atención a riesgos psicosociales, reducción de burocracia y sobrecarga, y revisión de los procesos de ingreso y acceso, además de una distribución equilibrada del alumnado con necesidades de apoyo entre centros.

En el Pleno, FSIE, a través de Enrique Ríos, denunció que excluir a la concertada sería “injusto y discriminatorio” y celebró el respaldo del Consejo. Comisiones Obreras valoró especialmente la inclusión de A1, jubilación, salud laboral, reducción de burocracia y la vinculación entre necesidades de apoyo y reducción efectiva de ratio. Por su parte, UGT votó a favor, pero reclamó una reforma “más valiente y ambiciosa”.

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