El Consejo de Estado asegura que las contrataciones que no siguen los trámites legales «van en contra de la competitividad» de las empresas

«Cuando se acude con mucha frecuencia a eso parece que lo procedente es exigir las responsabilidades que sean», afirma Fernando Ledesma, miembro de dicho Consejo y exministro de Justicia, quien defiende los cauces legales para dichas situaciones

Las XXVIII Jornadas Jurídicas ‘Enrique Ruiz Vadillo’ van tocando a su fin en Melilla con las últimas ponencias que se celebran este viernes 23 de junio en el Centro de la UNED.

La primera de ellas es la que ha ofrecido el miembro del Consejo de Estado y exministro de Justicia, Fernando Ledesma, que lleva por nombre ‘La revisión de oficio en el ámbito de la contratación administrativa’.

Un tema «polémico» a juicio de Ledesma porque no existe una «opinión uniforme» entre los distintos tribunales acerca de cómo hay que actuar para pagar a aquellas empresas que, sin haber formalizado un contrato administrativo, realizan unas prestaciones que resultan «beneficiosas» para la Administración, tales como obras o servicios, y se plantea «el problema» de si hay que pagar»; en segundo lugar, en qué concepto hay que pagar; y tercer lugar, cuánto hay que pagar.

«Es un tema jurídico que tiene mucha importancia porque la suma de todos los importes que se reclaman asciende a una cifra muy significativa», ha explicado en declaración a los medios, asegurando que tiene «mucho interés» para todas las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, así como para las empresas y «para los que tienen que resolver esas cuestiones».

«Un problema que viene de hace tiempo»

A preguntas de los periodistas, Ledesma sostiene que es un problema que tiene «una entidad económica importante» y una «dimensión jurídica muy importante».

En este sentido, el exministro de Justicia deja claro que las contrataciones que no siguen los trámites legales que se requieren «van en contra de la competitividad» de las empresas y de «la legalidad».

«Cuando se acude con mucha frecuencia a eso parece que lo procedente es exigir la responsabilidades que sean: disciplinarias, administrativas o incluso de una naturaleza más grave», dice. Por ello, en la conferencia que ha impartido este viernes ha llevado a cabo una «defensa de la aplicación estricta de la ley».

A preguntas de los periodistas, Ledesma niega que se haya producido «un cambio llamativo» o aumento de este tipo de prácticas en la administración en los últimos años. «Es un problema que viene de hace tiempo», asevera.

«Todas las administraciones tienen una obligación de atenerse a un procedimiento muy regulado, porque todo gasto público debe estar sujeto a un procedimiento. Cuando no se sigue ese procedimiento se crea un problema que genera unas responsabilidades de distinto tipo», dice al final.

La última de las conferencias de estas jornadas es la que imparte Ángeles Huet de Sande, magistrada de Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que se titula ‘Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en materia de extranjería; protección internacional y nacionalidad’.

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