Miembros del Colegio de Enfermería de Melilla protestan por la reducción de derechos laborales.
La entidad critica que la implantación de la jornada de 35 horas reduzca la compensación por nocturnidad y advierte de una “pérdida de derechos laborales consolidados”
El Colegio Oficial de Enfermería de Melilla ha expresado su “indignación” por la nueva ponderación de la nocturnidad incluida en la implantación de la jornada laboral de 35 horas para los profesionales sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), al considerar que perjudica a las enfermeras y enfermeros que trabajan en turno de noche.
La entidad colegial, aunque no forma parte de la Mesa Sectorial ni participa en la negociación laboral, ha denunciado públicamente lo que considera una “discriminación” hacia este colectivo por parte del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, encargado de la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla.
Según explica el Colegio, el nuevo sistema reduce la compensación horaria asociada al trabajo nocturno. Hasta ahora, el modelo tradicional contemplaba una diferencia máxima de 175 horas anuales entre la jornada ordinaria y la ponderada por nocturnidad, mientras que la nueva resolución fija esa reducción en un máximo de 113 horas.
En términos prácticos, sostienen, la compensación media pasa de 1,19 horas de reducción por cada noche trabajada a 1,09 horas, lo que, a juicio del colectivo, supone una merma en el reconocimiento de la penosidad del trabajo nocturno.
El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Melilla, Francisco Javier Miralles, cuestionó que “una noche trabajada en 2026 tenga un menor reconocimiento que una realizada hace más de treinta años” y calificó la medida de “injusta y discriminatoria”.
Miralles recordó además otros agravios que, según afirmó, han sufrido las enfermeras melillenses por la singularidad administrativa de la ciudad autónoma, como la falta de desarrollo de las guías de prescripción enfermera pese al respaldo del Ministerio de Sanidad.
El Colegio considera que esta modificación contradice las políticas públicas orientadas a la mejora de las condiciones laborales y la protección social, y advierte de que la Administración no puede “alterar de forma arbitraria los derechos económicos consolidados” de los trabajadores.
En este sentido, la organización alude al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos recogido en la Ley 39/2015, así como al Estatuto Marco y al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para defender que los derechos adquiridos no pueden verse reducidos.
“El silencio institucional no sería entendible”, concluyó Miralles, quien reclamó una rectificación por parte del INGESA ante una medida que, según aseguró, ha generado una profunda preocupación entre las enfermeras y enfermeros de Melilla.
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