El Colegio de Abogados resalta su “especial atención” a inmigrantes, menores y víctimas de violencia de género

El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla conmemoró ayer el Día de la Justicia Gratuita. El decano Blas Jesús Imbroda resaltó que la abogacía melillense presta "especial atención" a los inmigrantes, las víctimas de la violencia de género y los menores. No en vano, indicó que existen turnos de oficio especializados en estas materias. La idea de todo es que se preste servicio a todos los ciudadanos, teniendo siempre en cuenta "a las personas que carecen de recursos". El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla celebró ayer el Día de la Justicia Gratuita. El decano del Colegio, Blas Jesús Imbroda, hizo lectura del manifiesto en el que se recogía que la abogacía melillense presta servicio a todos los ciudadanos, "con especial atención a las personas que carecen de recursos", destacando, sobre todo, "la especial atención que merecen los inmigrantes, las víctimas de la violencia de género y los menores".

Blas Jesús Imbroda recordó de hecho que, desde hace años, la abogacía melillense presta asistencia letrada a través de los turnos de oficio especializados en materia de extranjería, violencia de género y menores.

En el manifiesto, prácticamente común al que se leyó en el resto del país, el decano del Colegio de Abogados de Melilla recordó que el acceso a la Justicia es un derecho fundamental de toda persona y una garantía de que nadie, por razones económicas o de otra índole, pueda quedar sin defensa jurídica. Por ello, apostó por que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita garantice la viabilidad económica del servicio con la previsión de que sólo acceda a él quien carezca de recursos económicos.

Resaltó Blas Jesús Imbroda que la Justicia Gratuita es un servicio que prestan más de 42.000 abogados de oficio, las 24 horas del día durante los 365 días del año, garantizando de este modo el acceso a la justicia y la defensa de las personas que carecen de recursos económicos suficientes. Así, el texto subraya la necesidad de que la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debe garantizar el cobro por cada actuación que lleven a cabo, no incrementar de manera innecesaria y arbitraria la carga burocrática ligada a la prestación del servicio, prever un régimen disciplinario adecuado y no desproporcionado, eliminar los problemas técnicos detectados del abogado de oficio en el ejercicio de su función y asegurar una retribución digna y puntual, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley.

De igual modo, el decano comentó que esta nueva Ley debe facilitar la proximidad entre el abogado y el beneficiario de justicia gratuita, fomentar un servicio de calidad basado en la inmediatez en la prestación del servicio, y en el control deontológico del mismo efectuado por los colegios. Esto se garantiza, apuntó, mediante el requisito de que, para acceder a prestar el servicio de justicia gratuita, el abogado tenga residencia y despacho abierto en el ámbito del colegio donde lo va a llevar a cabo y no como prevé el proyecto de Ley.

Por ello, aprovechando la celebración del Día de la Justicia Gratuita, el Colegio de Abogados de Melilla defendió una justicia gratuita de calidad, con una infraestructura digna y con unos medios materiales adecuados, todo ello "a favor del solicitante del beneficio de justicia gratuita". De igual modo, reivindicaron los abogados melillenses el reconocimiento de la figura y labor del abogado de oficio, "cuyo esfuerzo y profesionalidad resultan encomiables e indispensables para que el Estado de Derecho sea real y plenamente efectivo".

Además, consideran "imprescindible", indicó Blas Jesús Imbroda, que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita "dignifique" la labor del abogado de oficio, garantice el cobro de sus honorarios y mejore su estatus en aras a que el servicio goce del "mayor prestigio y calidad en beneficio del justiciable".

Así las cosas, el Colegio de Abogados de Melilla solicitó que, con la finalidad de garantizar su viabilidad económica, la Ley vaya acompañada de la correspondiente dotación económica.

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