El Colegio de Abogados acusa a la Delegación del Gobierno de no facilitar el poder apud-acta a los expulsados

El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (Icame) condenó ayer públicamente la actuación de la Delegación del Gobierno en la ciudad por no facilitar que los inmigrantes que saltaron ayer la valla otorgaran poder apud acta en los juzgados antes de “devolverlos” a Marruecos, impidiendo su acceso a la Justicia.
El Icame expresó esta condena pública en su perfil de Twitter, donde afirmó que la Delegación del Gobierno ha aplicado una “devolución en caliente” a una parte de estos inmigrantes.
Posteriormente, en una nota de prensa, el Icame explicó esta denuncia pública al señalar que desde el domingo por la tarde, hasta las 5.00 horas de la madrugada de ayer, un total de 32 abogados del turno de oficio especializado de Extranjería y Protección Internacional asistieron a cerca de 200 inmigrantes que saltaron la valla esa mañana.
En concreto, 29 abogados efectuaron las asistencias jurídicas de seis inmigrantes cada uno, y los 3 últimos abogados llevaron a cabo siete asistencias cada uno, tras lo cual “alrededor de 130 inmigrantes solicitaron protección internacional” y el resto “fue objeto de expediente administrativo de devolución”.
Antes de empezar las asistencias jurídicas, el Icame explicó que su coordinadora de Extranjería puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno la necesidad de que el lunes por la mañana, los inmigrantes que fueran objeto de expediente de devolución debían trasladarse al Juzgado de Guardia para el otorgamiento de poder apud-acta ante el letrado de la Administración de Justicia de guardia.
Según el Icame, los abogados también lo manifestaron durante las asistencias, ya que este poder a favor de los letrados que habían asistido a los inmigrantes hacía falta “para poder ejercitar cuantas acciones judiciales fueran necesarias”.
Sin embargo, lamentó que ayer por la mañana “se ha procedido a la devolución de unas 50 personas a Marruecos, que no habían solicitado asilo, sin facilitarse que otorgaran apoderamiento apud-acta para poder ejercitar cuantas acciones judiciales estimaran procedentes en su derecho de defensa”. Asegura que tampoco fueron trasladados para ello a la sede de los juzgados de Melilla, por lo que “les ha sido vulnerado su derecho de esta manera”.

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