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El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, mostró ayer su satisfacción por la entrada en vigor, desde el 1 de abril, de la reforma de la Ley de Extranjería, ya que esta modificación de la normativa, impulsada desde el Grupo Popular, “reviste de mayor garantía legal la actuación de la Guardia Civil en la custodia y defensa de las fronteras de Melilla y Ceuta”. En una nota de prensa, la institución dirigida por Abdelmalik El Barkani recordó que España tiene la obligación de “proteger, vigilar y salvaguardar sus límites fronterizos” en su doble condición de estado soberano y miembro de la Unión Europa situado en la frontera exterior del espacio Schengen. De no haberlo hecho, “las entradas de inmigrantes irregulares se habrían disparado de forma incontrolable” el año pasado, en el que hubo un fuerte repunte de la presión migratoria.
Según los datos que maneja la Delegación del Gobierno, solo en 2014 se contabilizaron más de 70 saltos masivos al vallado fronterizo de Melilla, en los que se calcula pudieron haber participado unos 22.000 inmigrantes. Finalmente se registraron alrededor de 2.500 entradas irregulares a través del perímetro, cifra récord en la valla y que habría sido mucho mayor si no se hubiera “atendido debidamente la custodia y defensa de la frontera sur de Europa”, recordó la entidad.
El repunte de la presión sobre las vallas de Ceuta y Melilla motivó la reforma de la Ley de Extranjería, introducida mediante la disposición final primera de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, publicada anteayer en el BOE. En dicha disposición se establece un “régimen especial” para Ceuta y Melilla, muy criticado por los grupos de la oposición, que han denunciado que supone una legalización de las denominadas devoluciones en caliente.
Según esta disposición, “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar ilegalmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. “En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”, apunta la disposición, que añade: “Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional”.
Sin afectar al asilo
En opinión de la Delegación del Gobierno, la reforma legal supone “una clara mejora del marco legal frente a las singularidades que se dan en la frontera sur de Europa, sin menoscabo de la correcta observancia del derecho que asiste a los inmigrantes merecedores de los protocolos de asilo y refugio”.
“Prueba de ello es el altísimo número de solicitudes presentadas ante la nueva Oficina de Protección Internacional de Melilla, inaugurada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado 17 de marzo”, apunta la Delegación del Gobierno. Según apuntó ayer, desde la puesta en funcionamiento de esta oficina con carácter piloto desde el pasado mes de septiembre, se han tramitado más de 1.500 peticiones de asilo o refugio.
Abdelmalik El Barkani insistió por ello en el “respeto escrupuloso al derecho de asilo, aplicable a cualquier inmigrante que, debidamente identificado, demuestre ser merecedor de protección internacional”. No obstante, insistió también en que todos los flujos migratorios que llegan a Melilla no son comparables. A su juicio, ello se constata en el dato de que sólo 5 de los casi 2.500 inmigrantes subsaharianos que entraron irregularmente en la ciudad en 2014 solicitaron el derecho de asilo. De ellos, 3 finalmente optaron por desistir.
El delegado del Gobierno insistió en que “el método de asalto masivo a la valla de Melilla es un modelo de inmigración al que no podemos ni debemos resignarnos tanto por su conflictividad intrínseca como por los riesgos que comporta tanto para los propios inmigrantes como para las Fuerzas de Seguridad encargadas de custodiar y defender la frontera sur de Europa”.
En tal sentido, subrayó que no es un modelo “justificable ni admisible bajo ningún concepto ni punto de vista” e insistió en que, “cualquier defensa de dicho modelo, lejos de favorecer una inmigración regular y ordenada, sólo beneficia a las mafias que trafican con seres humanos y que alientan y promueven este tipo de entradas a la fuerza y a la desesperada”.
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