El almacén textil donde se produjo el incendio el lunes era “ilegal” y carecía de licencia de apertura

El consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, aseguró ayer que el almacén textil donde se produjo el incendio el pasado lunes era "ilegal e ilegalizable" y carecía de licencia de apertura para ser usado en esas condiciones como almacenamiento de fardos y sin posibilidades de obtenerla en un futuro. Además, anunció que Fomento emitió una orden donde la propiedad tiene que nombrar un arquitecto privado para hacerse cargo de todo el estudio y seguimiento de los daños estructurales que han ocurrido en ese edificio y garantizar la seguridad de los ocupantes y del inmueble. El consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, explicó que este almacén textil es un edificio que tuvo una licencia hace 25 años y que cuando se legalizó tenía una planta baja de almacén de 282 metros cuadrados y bajo éste, había una cámara antihumedad vacía de 300 metros cuadrados cuando en realidad se utilizaba con almacenamiento de ropa en ambas partes. Por ello, señaló hay "un incumplimiento grave de las condiciones de la licencia de obras de Fomento porque ese bajo se declara sin uso y sin embargo ha tenido un uso importante de almacenamiento".

Almacén textil “ilegal”
Además, indicó que esa planta baja de 282 metros con uso de local almacén en la actual PGOU "no sería legal porque en ese edificio no podría existir un establecimiento de más de 150 metros cuadrados, donde en la mayoría del Real no podrían tener nunca un almacén mayor". También, puntualizó que ese sótano de 300 metros "en ningún caso sería legalizado, si se pidiera a Fomento con un proyecto nuevo de pasar de sótano a almacén en ningún caso podría ser, no solo es ilegal sino que es ilegalizable".

Quevedo aclaró que con fecha del 8 de marzo este almacén solicitó una licencia apertura "para un comercio mayor de artículos textiles, no un almacén, pero solo nos entregó un folio sin ningún tipo de documentación, ningún plano ni proyecto técnico. No podemos considerar que esto haya sido una petición de licencia seria sino que carece de cualquier documentación que son imprescindibles".

El 23 de marzo, la jefa de establecimiento de Medio Ambiente "le contestó a su petición diciéndole que le faltaba documentación como proyecto de obras, licencia, instalación eléctrica, extintores y que no podrá ejercer actividad alguna en dicha instalación. Se envío esta información en un par de intentos y lo recibió, pero lógicamente ha tenido actividad sin ningún tipo de licencia", sostuvo.
"No solamente es evidente que no tenía esa licencia de apertura, lógicamente la petición está bien pero no sirve para nada", dijo.

Inspección de los daños
También, el consejero de Medio Ambiente reveló que "nosotros en la emergencia hemos desalojado a los vecinos donde Bienestar Social ha atendido a todos los afectados y a partir de ahora es el propietario único con 18 apartamentos de alquiler y el local, los peritos del seguro se harán cargo de la situación y un arquitecto determinará si los vecinos pueden entrar a coger algo o no".

En esta línea, Fomento ha emitido una orden donde obliga una inspección exhaustiva por parte de técnicos de carácter urgente de los elementos estructurales, tendrán que reforzar o sustituir los afectados y recuperar las condiciones de habitabilidad y mantener el desalojo hasta que se certifique que el estado de la estructura permite la autorización del edificio.

Medio Ambiente ha realizado cálculos y asegura que "nunca hubiésemos dado licencia a un almacenamiento que tuviera más de 128 metros cuadrados en esas circunstancias ya que en el PGOU actual se permite hasta 250 metros pero no define lo que se va a almacenar". Por ello, recalcaron que "es indispensable la autorización de Fomento" pero en el caso concreto de almacenamiento textil lo máximo serían 128 metros cuadrados por 2,5 metros de altura, es decir, aproximadamente 320 metros cúbicos por "la carga al fuego de las mercancías depositadas".

En este caso la Consejería lo permitiría teniendo una "instalación automática de prevención de incendios para que salte la alarma a cualquier hora sin riesgo para los vecinos, también hace falta obligatoriamente mangueras y bocas de incendios equipadas tanto en la planta baja como en el sótano y este local tampoco hubieran podido tener este uso".
"Todos estos alejamientos se le pedirán el reintegro a la compañía de seguros o si se demuestra algún tipo de negligencia, hay muchas personas alojadas en hoteles y los servicios de extinción de incendios también tuvieron unos gastos notables", subrayó Quevedo.

Clausura de otros locales
Medio Ambiente afirmó que ayer llegaron tres solicitudes de apertura de almacenes textiles, y ya tienen orden la policía porque tuvieron una reunión con la policía, servicios jurídicos y estos establecimientos se van a revisar y clausurar. "El tema es que finalmente sean efectivas porque la ley no nos permite poner un candado o soldar la puerta a estos locales", dijo el consejero.

También, ayer Quevedo mantuvo una reunión "importante para endurecer en la medida de lo posible nuestros informes y la semana que viene mantendremos otra con miembros de la Adjudicatura y de la Fiscalía para trabajar en poder ser lo más eficaces posibles en erradicar este tipo de almacenamientos ilegales que ponen en peligro la vida de las personas", concluyó.

Fiscalía abrirá un procedimiento de oficio para determinar si existen responsabilidades penales
Quevedo afirma que la investigación le corresponde a la policía judicial y a la policía científica de Granada para investigar las posibles causas del incendio. Además, cree que Fiscalía abrirá un procedimiento de oficio para que se determinen si existen responsabilidades penales de este siniestro que "ha podido poner en riesgo la vida de los bomberos y seguramente la de los vecinos de estas viviendas". "Estamos trabajando en clausuras de este tipo de establecimientos, se han hecho muchos y en ocasiones no son atendidas, y lo que no se atiende se está enviando a la Fiscalía para que determinen si puede haber un delito de desobediencia". También, la Ciudad se lo comunicará a la Inspección de Trabajo porque "estas situaciones irregulares pueden venir aparejadas de un peligro para los trabajadores, y por este tema ha clausurado cuatro locales y en los casos de instalaciones ilegales en el extrarradio también están llevando a cabo expedientes administrativos cuya finalidad es la demolición".

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