El acuerdo Schengen ha supuesto “un deterioro” de la seguridad en las fronteras de Melilla y Ceuta

La Agrupación Reformista de Policías (ARP) daba a conocer hace algo más de dos años y medios un informe en el que alertaba de los graves problemas existentes en las fronteras de Ceuta y Melilla, emitiendo una serie de medidas que urgían llevar a efecto para intentar cambiar la situación de ambas fronteras. Después de estos más de dos años y medios, la Agrupación Reformista de Policías ha vuelto a sacar a la luz dicho informe para poner de manifiesto que todo lo vaticinado en aquella ocasión se ha ido cumpliendo y para exigir a las autoridades competentes a comenzar a aplicar una serie de medidas reformistas y necesarias para ambas fronteras exteriores y en el marco de unas mejoras laborales y jurídicas para los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE). Unas mejoras, ha añadido el sindicato policial, en el desarrollo de las funciones profesionales de las FyCSE, demandando para ello al Ministerio del Interior, y al resto de formaciones políticas del parlamento español, la adecuación al marco legislativo para su estudio y adaptación a las normas de ordenes fronterizas de la Unión Europea y sus políticas de inversión en las mismas.

La ARP insiste en la necesidad de revisar el funcionamiento de las fronteras de ambas ciudades autónomas en su condición de fronteras exteriores de la UE, poniendo de manifiesto que el estatus especial a las fronteras de Ceuta y Melilla recogido en el artículo 36 del acuerdo de adhesión del Reino de España al convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen del 14 de junio de 1985, ha supuesto “un deterioro de la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla en su condición de fronteras exteriores de la comunidad europea, al tener que ir aceptando políticas de inmigración e emigración completamente diferentes al conjunto de las sociedades europeas, y por tanto, no sujetas a valores sociales y jurídicos que imperan en el espacio Schengen, generándose con ello un serio problema para los funcionarios encargados de controlar el flujo migratorio a diario del comercio atípico y de ciudadanos de los países subsaharianos”.

Como se resalta desde la ARP, las condiciones que conlleva este “estatus especial” acordado entre España y la UE en las fronteras de Ceuta y Melilla facilita que, desde los países del Magreb se traten de introducir colectivos humanos con dificultad social, que en la mayoría de los casos propician y generan actos delictivos creando alarma social en las poblaciones receptoras.

Y es que tal y como se resalta, “el reglamento europeo relativo a las fronteras de Ceuta y Melilla aceptado por España, condiciona a sus funcionarios a la flexibilización del control documental, ofreciendo una dificultad añadida por no haberse afrontado las inversiones suficientes en materias de infraestructuras en las fronteras, más allá de levantar unas vallas que son objeto de denuncias nacionales e internacionales y que deberían ser motivo de supresión de forma condicionada a otras medidas”. Para la citada agrupación, las fronteras de Ceuta y Melilla son totalmente “vulnerables”, poniendo de manifiesto que la inmigración ilegal y el comercio atípico son dos serios problemas que los funcionarios destinados en ambas fronteras sufren como consecuencia de la complejidad de acuerdos que obligan a todas las partes implicadas, Unión Europea y Marruecos, a revisar y a actualizar de forma inmediata.

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