El 74% de jóvenes vulnerables ha trabajado sin contrato y el 46% ve imposible emanciparse a corto plazo, según estudio

Así lo revela el informe ‘Desconexión y futuro: una juventud atrapada’, presentado por la ONG Ayuda en Acción, que analiza la realidad socioeconómica de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de entre 16 y 30 años, de su programa ‘Impulsa Empleo Joven’ en siete comunidades autónomas.

El estudio refleja que un 64,7% de los encuestados ha encadenado prácticas no remuneradas y el 37,2% lleva entre cinco y diez meses sin trabajo, un periodo que los autores denominan «el tramo del desánimo instalado» por la percepción de inutilidad en la búsqueda activa.

De la misma manera, el informe destaca que el «bloqueo» en la emancipación residencial afecta a aquellos que se encuentran en el tramo de edad de los 25 a los 30 años, donde cerca del 70% de los encuestados sigue residiendo en el hogar familiar y un 3% de los jóvenes de esta franja de edad logra vivir solo. «La permanencia en el hogar familiar no es aquí únicamente una dificultad compartida, sino el síntoma de una exclusión prolongada añadida», señala el informe.

Por otro lado, al ser preguntados por los adjetivos que mejor definen ser joven hoy en día, los encuestados relegan valores como la libertad (4,3%) o la independencia (4,8%) para situar en primer lugar la incertidumbre (16,8%), la falta de oportunidades (16%), la inestabilidad (15%) y la precariedad (11,2%).

Asimismo, el 42% de la juventud califica su salud mental en los últimos doce meses como «regular», mientras que el 9% asegura que es «muy buena». Entre los factores medibles que desencadenan este empeoramiento psicológico se encuentran la dificultad para acceder a un empleo estable (21%), las preocupaciones puramente económicas (15%) y la profunda inseguridad que les despierta el futuro (12%). Además, casi tres de cada diez jóvenes expresan una insatisfacción profunda con su ocio, provocado en un 48% por la falta de dinero.

Del mismo modo, el estudio revela que un 81% defiende que los jóvenes deberían participar activamente en el diseño de las políticas públicas y un 71% exige la creación de más espacios de participación.

No conocen la Ley de Juventud

El informe utiliza como ejemplo el desconocimiento de la futura Ley de Juventud Estatal, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia: el 74,5% de los jóvenes vulnerables nunca ha oído hablar de ella. Además, el 41,6% ni siquiera sabe con seguridad si dicho Ministerio existe.

Respecto a una de las medidas que aborda esta norma, la ampliación de la edad del voto a los 16 años, únicamente el 20% de los encuestados se muestra de acuerdo, frente a un 62% que está poco o totalmente en desacuerdo.

Desde Ayuda en Acción reclaman el impulso de canales políticos adaptados a los hábitos juveniles y la implantación de medidas que eliminen los costes materiales de la participación (como becas de transporte u horarios compatibles), para evitar que debatir o proponer sea un «privilegio» reservado a quienes disponen de más recursos económicos.

En la presentación del estudio, la ministra Rego ha desmentido «el falso desinterés de la juventud por la política» y ha señalado «la incapacidad de las instituciones para garantizar las condiciones materiales que permitan desarrollar un proyecto de vida y participar en igualdad».

«No al politiqueo»

También ha sostenido que las personas jóvenes «dicen sí a la política y no al politiqueo». A juicio de la Ministra, «existe un interés evidente por cuestiones como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la crisis climática, la salud mental o los derechos humanos, mientras que el distanciamiento se produce respecto a una política centrada en la confrontación partidista y alejada de los problemas cotidianos».

Además, ha alertado de que «una generación que trabaja sin poder emanciparse, estudia sin alcanzar estabilidad y percibe que las decisiones que condicionan su futuro escapan a su control, corre el riesgo de quedar progresivamente excluida de la vida democrática».

Entre sus propuestas, Rego ha destacado la necesidad de «reforzar la universalidad de los derechos sociales y superar un modelo que obliga a demostrar constantemente la vulnerabilidad para acceder a las ayudas públicas».

En ese marco, ha señalado la Prestación Universal por Crianza como ejemplo de una política orientada a construir derechos comunes desde el inicio de la vida y ha defendido que «el empleo, la vivienda, la salud mental, el ocio y la participación deben abordarse como elementos inseparables de una misma estrategia para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas jóvenes».

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El 74% de jóvenes vulnerables ha trabajado sin contrato y el 46% ve imposible emanciparse a corto plazo, según estudio